SANTA FE, Nuevo México.- Nuevo México ya no negará licencias para ejercer la abogacía basándose únicamente por la ciudadanía o el estatus migratorio del solicitante, incluyendo a algunos aspirantes a estudiantes de derecho que llegaron a Estados Unidos de manera ilegal durante su infancia.
El cambio en la norma por parte de la Corte Suprema del estado, anunciado el lunes, entraría en vigor el 1 de octubre. Varios estados ya tienen disposiciones que no toman en cuenta la residencia o el estatus migratorio al momento de otorgar licencias.
“El cambio en la regla de licencia se basa en el principio fundamental de igualdad, y se apega a los valores históricos de inclusión y diversidad de Nuevo México”, dijo la presidenta de la Corte Suprema, Shannon Bacon, en una declaración el martes.
Señaló que el cambio se apega a las recomendaciones de la Asociación de Abogados de Estados Unidos y a las disposiciones de al menos otros ocho estados que proporcionan la licencia de abogado a algunos inmigrantes. Todos los solicitantes aún deben graduarse de la escuela de derecho, aprobar el examen de abogacía y someterse a una evaluación de carácter adicional por parte de una junta de examinadores de abogados.
La normativa suscitó críticas inmediatas por parte del presidente del Partido Republicano del estado, Steve Pearce, en momentos en que los candidatos del partido se enfrentan a dos jueces de la Corte Suprema del estado en las elecciones generales de noviembre.
“Esta es una decisión imprudente”, aseveró Pearce en un comunicado. “Esta última norma abrirá aún más nuestras fronteras, y la corte parece deleitarse en tomar decisiones arbitrarias sin pensar en las consecuencias”.
Anteriormente, Nuevo México requería que los solicitantes de un permiso de abogado presentaran una prueba de ciudadanía, estatus de residente permanente o un permiso de trabajo.
Desde 2017, el poder judicial del estado ha otorgado licencias a algunos candidatos sobre la base de autorizaciones de trabajo vinculadas a un programa de la presidencia de Barack Obama que ha evitado la deportación de miles de personas que fueron traídas a Estados Unidos de manera ilegal durante su infancia.
Los defensores de las comunidades de inmigrantes dijeron que ese acuerdo se vio amenazado por los esfuerzos para eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), el cual un juez de Texas declaró ilegal el año pasado y cuyo dictamen tiene una apelación pendiente en el Tribunal Federal de Apelaciones del 5to Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleans.
Jazmin Irazoqui-Ruiz, abogada principal del Centro de Derecho de Inmigración de Nuevo México, fue la primera en el estado en calificar para una licencia de abogacía a través de la autorización de trabajo bajo el programa DACA. Dijo que los cambios eliminan un laborioso proceso y las licencias de derecho que venían con una estipulación.
“El estatus migratorio no será una barrera para obtener su licencia de abogado” ahora, comentó Irazoqui-Ruiz. “Eso abre una oportunidad económica sin importar el estatus migratorio… Tiene un efecto en la familia y en la comunidad”.
Luis Leyva-Castillo, quien recién se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México, dijo que las nuevas reglas disipan las nubes de incertidumbre mientras espera los resultados de su examen de certificación de derecho, el último gran obstáculo antes de recibir una licencia.
Leyva-Castillo dijo que migró a Estados Unidos desde México con su familia a los 8 años de edad y ha dependido del programa DACA para evitar su expulsión, luego de que obtuvo un diploma de escuela secundaria en Ruidoso y dos títulos de la Universidad de Nuevo México.
Con 25 años, se está preparando para trabajar como asistente legal en la Corte de Apelaciones de Nuevo México y dijo que el cambio en la regla de licencias “permite al estado utilizar a la comunidad de inmigrantes que ya tenemos e integrarlos en nuestra fuerza de trabajo para apuntalar la economía. … Creo que esto realmente envía un mensaje”.
