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Militar desertor del 16 Regimiento de Caballería acusado de homicidio enfrentará pruebas en su contra por parte de la FGR

En una audiencia programada para iniciar a las 11:45 horas del próximo lunes 25

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- En una audiencia programada para iniciar a las 11:45 horas del próximo lunes 25 a realizarse en el Centro Federal de Justicia Penal con sede en Reynosa, Tamaulipas, el ex militar José María Ortíz Mínquiz deberá enfrentar una serie de pruebas que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará en su contra por el delito de Homicidio Calificado en agravio del neolaredense Javier Flores del Ángel y Lesiones Calificadas de tres civiles sobrevivientes más, dentro de la Causa Penal 37/2022.

El imputado José María Ortíz Mínquiz, actualmente se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 ubicado en Ramos Arispe, Coahuila pertenecía al 16º Regimiento de Caballería Motorizada cuando disparó cobardemente al vehículo en donde se trasladaban la víctima mortal Javier Flores del Ángel y los jóvenes DANIEL ALFONSO, JOSÉ LUIS y OSVALDO MISAEL.

Otro militar que también participó en estos mismos hechos fue identificado como RANULFO CITALÁN MARTÍNEZ, quien también desertó al 16º Regimiento de Caballería Motorizada “por órdenes de sus superiores” para evitar su detención y actualmente anda prófugo, ocultándose en diferentes domicilios en los estados de Chiapas, Veracruz y Puebla.

La ejecución extrajudicial del señor Javier Flores del Ángel, así como las lesiones que sufrieron tres víctimas sobrevivientes de nombres Daniel Alfonso, José Luis y Oswaldo Misael, ocurrieron la noche del domingo 7 de febrero del 2021 en el crucero de Cerro de la Silla y Cerro de las Águilas, del fraccionamiento Colinas del Sur en Nuevo Laredo.

Inicialmente la Secretaría de la Defensa Nacional “anunció” el abatimiento de una persona del sexo masculino y la detención de otros tres “cómplices” pertenecientes al crimen organizado que habrían agredido a personal militar con armas de fuego, cuando en realidad los jóvenes habrían salido a comprar cerveza a un negocio cercano y fueron acribillados cobardemente por un grupo de militares.

Sin embargo, evidencias obtenidas por sus abogados, las declaraciones de los testigos sobrevivientes y peritajes de la Fiscalía General de la República demostraron que los militares del XVI Regimiento de Caballería Motorizada habrían falseado la información oficial, sembraron evidencias y cayeron en contradicciones, ordenando un Juez de Control la liberación de los detenidos y el inicio de una Carpeta de Investigación en contra del personal militar, pasando los jóvenes de imputados a víctimas.

ENCUBREN A MANDOS SUPERIORES

A pesar que las investigaciones de la Fiscalía General de la República permitieron ubicar a los militares JOSÉ MARÍA “N” y RANULFO “N” como los soldados que dispararon sus armas en contra de los cuatro jóvenes que se trasladaban en un automóvil tipo Honda, el comandante responsable del operativo, el Teniente de Caballería Alejandro Morales Leyva nunca fue imputado por el delito de encubrimiento.

Este militar habría sido quien ordenó a los soldados bajo su mando sembrarles un fusil tipo Ak 47 y varios cargadores para justificar la supuesta agresión que fueron objeto, así como de negarles atención médica a la víctima mortal y a los tres jóvenes sobrevivientes. También el teniente Leyva aseguró a la FGR mediante un Informe Policial Homologado que las víctimas los habrían agredido con armas de fuego, información que al final de las investigaciones resultó falsa.

De acuerdo con versiones periodísticas, el 27 septiembre del 2020 el teniente de Caballería, Alejandro Morales Leyva estuvo involucrado en la muerte “accidental” del cabo Leonel Felipe Pérez García, quien habría recibido un disparo por la espalda cuando realizaba patrullajes terrestres en un vehículo oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional.

RECOMENDACIÓN DE LA CNDH…INCUMPLIDA

Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 71VG/2022, de fecha 30 de septiembre del mismo año, cuyo seguimiento y cumplimiento desconocen las víctimas y sus familiares, pues hasta la fecha no han recibido la indemnización correspondiente por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

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