CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum descartó el martes un impacto para México de la regulación que aprobó la Cámara de Representantes en defensa de las propiedades estadounidenses y para proteger a la empresa de canteras Vulcan Materials, con la que el gobierno mexicano mantiene desde hace varios años una disputa legal por un área natural en el Caribe mexicano.
La legislación que aprobó la Cámara de Representantes prevé sanciones para las empresas que operen las infraestructuras portuarias que hayan sido expropiadas, tal como denunció Vulcan Materials en el caso de su puerto ubicado en el sur de la ciudad turística de Playa del Carmen, en el estado mexicano de Quintana Roo.
En 2022 México clausuró el puerto y la cantera de la empresa estadounidense y lo declaró dos años después un área natural protegida.
Sheinbaum afirmó en su habitual conferencia matutina que la legislación –que está pendiente de la aprobación del Senado estadounidense para convertirse en ley— “no tiene impacto porque no hubo una expropiación” e insistió en que en el caso de la propiedad de Vulcan Materials “lo que hubo fue un decreto de área natural protegida”.
Pero la empresa de canteras, con sede en Alabama, tiene otra posición. En 2024 Vulcan Materials dijo que el decreto del gobierno mexicano representaba una expropiación de facto de sus propiedades en la costa del Caribe de México y que la medida violaba el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).
El decreto profundizó el conflicto que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) mantuvo por años con Vulcan Materials. Su cantera de piedra caliza fue clausurada y sancionada en 2018 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lo que derivó en un proceso contra el Estado mexicano ante un panel internacional de resolución de disputas.
El gobierno de López Obrador presentó en 2023 una oferta a Vulcan Materials para comprarle las 2.300 hectáreas que tiene cerca de Playa del Carmen por unos 380 millones de dólares.
La empresa estadounidense rechazó la oferta y según documentos presentados ante el panel de arbitraje internacional, Vulcan Materials valoró en 1.900 millones de dólares su propiedad en el Caribe mexicano.
Pese a la escalada de la disputa, Sheinbaum se mostró optimista y dijo el martes que las autoridades mexicanas siguen en pláticas con la empresa estadounidense para concretar un “acuerdo benéfico” para ambas partes.
La mandataria planteó que la Secretaría del Medio Ambiente podría analizar si es factible la explotación de “algunas minas en otros lados” o considerar algún otro mecanismo que evite la controversia, pero no dio detalles.
