CIUDAD DE MÉXICO. — Un juez absolvió del delito de delincuencia organizada a dos involucrados en el caso Ayotzinapa, al considerar que no se demostró que pertenecieran al grupo Guerreros Unidos, la organización criminal que participó en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014. No obstante, los dos seguirán en prisión por otras acusaciones.
Así lo indicó el miércoles una autoridad del poder judicial que pidió el anonimato por no contar con autorización para hacer declaraciones. Dijo que la absolución también se debe a que se excluyeron pruebas ‘obtenidas con violación de derechos fundamentales’.
La fiscalía federal no respondió de momento a una solicitud de comentarios, pero podría apelar la decisión.
Uno de los absueltos del cargo de crimen organizado es José Luis Abarca, que en septiembre de 2014 era el alcalde
de Iguala, la ciudad del estado de Guerrero donde tuvo lugar el ataque. Sin embargo, en el mismo fallo el
exfuncionario fue condenado a 92 años de prisión por dos secuestros agravados ocurridos el año previo a la desaparición de los estudiantes.
El segundo absuelto es Sidronio Casarrubias, a quien las autoridades siempre han considerado uno de los líderes de Guerreros Unidos.
Los estudiantes fueron capturados en Iguala por policías de esa localidad con el apoyo de otras corporaciones de seguridad locales, estatales y federales, así como de miembros del cártel local.
El móvil sigue sin estar claro, pero se ha afianzado la idea de que está vinculado con el tráfico de heroína que realizaba el grupo criminal en colusión con autoridades locales y presuntamente también con militares, según información que autoridades estadounidenses aportaron al caso.
Ocho años después de los hechos, sigue sin estar claro qué les pasó a los jóvenes tras el ataque, aunque la actual fiscalía asegura que miembros de las fuerzas armadas también participaron en los hechos y que funcionarios de todos los niveles ayudaron a ocultar información y obstruir la justicia.
Las irregularidades y la obtención de testimonios bajo tortura como parte de ese intento de ocultar la realidad han derivado en que decenas de personas hayan ido a parar a la cárcel, entre ellas el entonces procurador general Jesús Murillo Karam, pero también han provocado que otros involucrados salgan libres por no respetarse el debido proceso.
