CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tres décadas después del asesinato a balazos del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en un mitin electoral en 1994, uno de los crímenes que más ha conmocionado a México, la fiscalía federal detuvo el sábado a otro presunto involucrado en el magnicidio, que sigue sin estar totalmente esclarecido pese a que el asesino confeso lleva más de 30 años en la cárcel, informaron autoridades.
Un funcionario federal que pidió no ser identificado por no estar autorizado a dar declaraciones confirmó el lunes a The Associated Press que Jorge Antonio Sánchez Ortega fue arrestado en Tijuana en relación con el asesinato de Colosio, aunque no precisó qué cargos se le imputan. El detenido se encuentra en la actualidad a disposición de un juez en una cárcel de máxima seguridad del centro de México, agregó el funcionario.
Según el Registro Nacional de Detenciones, la captura tuvo lugar el sábado.
Colosio, candidato presidencial en 1994 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibió dos disparos en medio de un mitin en la ciudad de Tijuana, en el norte de México. Desde 2024, la fiscalía federal buscaba procesar a un agente de inteligencia asignado como guardaespaldas y solo identificado como Jorge Antonio “S” como presunto actor material del segundo disparo.
El lunes, la fiscalía no se había pronunciado oficialmente sobre la detención de Sánchez Ortega.
Mario Aburto se declaró como el único autor material del homicidio y cumple una condena de 45 años de prisión desde 1994, aunque denunció haber sido torturado.
A raíz de esas quejas, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2019-2024) la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó a la fiscalía federal reabrir la investigación.
El homicidio desencadenó una fuerte crisis política en México y siempre estuvo rodeado de polémica por la posibilidad de que fuera alentado desde ciertas esferas del poder, en medio de las luchas internas que tenían lugar en el gobernante PRI para elegir al sucesor del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
En un comunicado de enero de 2024, la fiscalía dijo que había evidencias de que el agente asignado a la seguridad de Colosio estuvo en el lugar, tenía la ropa manchada de sangre de la víctima, las pruebas balísticas señalaban que disparó un arma —hubo una diferencia de segundos entre los dos disparos— y varios testigos dijeron que huyó tras los tiros y no ayudó a trasladar al candidato.
En ese mismo comunicado, esa dependencia consideró confirmado que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que dependía en 1994 de la Secretaría de Gobernación, mandó al agente al lugar de los hechos “para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”, con lo que consideró que su liberación en el momento de los hechos fue “un evidente encubrimiento delictivo”.
