CIUDAD DE MÉXICO.- México se prepara para proceder legalmente contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia y denunciarlo ante las Naciones Unidas por la irrupción de sus fuerzas policiales en la embajada mexicana en Quito para apresar a un exvicepresidente ecuatoriano que había recibido asilo político.
Así lo anunció el lunes la canciller mexicana Alicia Bárcena al presentar en la conferencia presidencial matutina las acciones internacionales que seguirá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para responder a lo que han considerado una violación flagrante a la soberanía de su embajada y de la inmunidad de su personal diplomático.
Bárcena indicó que, además de la demanda que se introducirá en la Corte Internacional de Justicia, México enviará al secretario general de la Naciones Unidas, Antonio Guterres, una carta sobre el incidente para que la presente ante todos los miembros del organismo y la Asamblea General. Pedirá también el respaldo de la treintena de países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Por su parte, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa difundió su primer pronunciamiento por escrito justificando su decisión de entrar a la fuerza en la embajada mexicana, luego de tres días.
Mencionó que tomó decisiones “excepcionales para proteger la seguridad nacional”, evitar la “impunidad” y cumplir con un dictamen de la justicia, dijo. “No podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados”, violando las normas internacionales, y ante un riesgo inminente de fuga, reiteró.
Noboa agregó que está dispuesto a resolver cualquier diferencia con el pueblo mexicano, pero “la justicia no se negocia y jamás protegeremos a criminales”, concluyó.
López Obrador reiteró el lunes sus críticas contra Noboa y dijo que lo que se hizo en la embajada mexicana en Quito fue un “acto autoritario”. “Ni (el exdictador chileno Augusto) Pinochet, el temible Pinochet, y otros se habían atrevido a eso. Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión”, agregó.
El mandatario mexicano defendió la decisión de su gobierno de otorgar el asilo político al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por dos casos de corrupción y bajo investigación judicial, y planteó que “si es delincuente eso lo tiene que resolver la instancia internacional”.
Y sobre la irrupción a la embajada, López Obrador la atribuyó a una “actitud prepotente de un gobierno posiblemente por una rivalidad interna” y dejó entrever que eso suele ocurrir cuando “hay gobiernos débiles que no tienen respaldo popular o no tienen capacidad”.
Más temprano, en un acto público, el presidente ecuatoriano mencionó que “la utopía de su gobierno es que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel cueste lo que cueste” y añadió que “la dignidad y la justicia viene antes que cualquier cosa”.
La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, aseveró que a pesar de la condena internacional Ecuador “tiene que seguir adelante, pero primero se tiene que hacer respetar la soberanía” y dignidad del país.
Aseveró que Ecuador acudirá a los distintos foros internacionales para explicar la posición ecuatoriana.
En Quito, la defensa de Glas presentó el lunes un recurso de hábeas corpus sosteniendo que su detención fue “ilegal”.
Las relaciones entre México y Ecuador entraron en una crisis sin precedentes luego de que policías ecuatorianos ingresaron la noche del viernes a la sede diplomática mexicana para detener a Glas, que residía allí desde diciembre, tras ser acusado de corrupción y que había recibido asilo el jueves del gobierno mexicano.
Tras la acción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas México rompió relaciones con el gobierno de Noboa y ordenó el cierre indefinido de su embajada y la retirada de todo el personal diplomático, que arribó el domingo a la Ciudad de México.
La decisión de Noboa fue condenada por 20 países latinoamericanos y 10 europeos. La Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene a México y Ecuador entre sus miembros, recordó en un comunicado que los países tienen la obligación de “no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales”.
Para atender a los 1.600 ciudadanos mexicanos y empresarios radicados en Ecuador, el gobierno de López Obrador activó los servicios consulares en las sedes en Colombia y Chile.
