CIUDAD DE MÉXICO.- Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sus socios aprobaron el sábado de madrugada cambios a una veintena leyes -algunas muy polémicas— fuera del edificio del Senado, bloqueado por la oposición que anunció que impugnará el procedimiento. Lo hicieron en una sede alternativa a toda prisa, casi a escondidas, sin la oposición y sin debate.
Entre lo aprobado está la reforma a la ley minera largo tiempo solicitada por colectivos civiles que, entre otras cosas, obligará a que las empresas paguen un 5% de sus beneficios a las comunidades donde operan, reduce el tiempo de las concesiones de 50 a 30 años, castiga la especulación y prohíbe la minería en áreas naturales protegidas y en zonas sin disponibilidad de agua.
Los cambios fueron celebrados por decenas de organizaciones sociales que en un comunicado consideraron que frenará “el despojo, la sobrexplotación y contaminación del agua por las empresas mineras”, muchas de las cuales operan en algunas de las regiones más pobres de México. El sector tiene una gran presencia de capital canadiense.
También se aprobaron reformas controvertidas como las que afectan a las leyes de licitaciones y contratos, otras que vuelven a ampliar las funciones de las fuerzas armadas o la eliminación de ciertos organismos autónomos de salud o de ciencia.
Otras medidas, como el cambio constitucional para que agresores de mujeres no puedan optar a cargos de elección popular, contaban con amplio consenso pero se criticó duramente las formas en las que salieron adelante que mostraban una actitud poco democrática, denunció la oposición.
Todas eran propuestas presidenciales y que ya contaban con el visto bueno de la Cámara de Diputados pero su votación se convirtió en todo un caos.
La oposición tomó el viernes por la tarde la tribuna del Senado con pancartas y gritos. El oficialismo, que tiene mayoría, reaccionó buscando donde reunirse —acabó siendo el patio de una vieja sede parlamentaria— para que las leyes salieran adelante en el periodo de sesiones que acaba el domingo, previendo que después todo se podía complicar porque hay elecciones en varios estados.
El boicot de la oposición se debió a la negativa del oficialismo a nombrar nuevos miembros del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), con lo que esta entidad queda muy debilitada. Tanto Morena como el presidente no han ocultado que este es otro de los organismos autónomos que, en su opinión, no funcionan y por eso lo quieren suprimir o cambiar totalmente.
Todo lo aprobado será impugnado en los tribunales por vicios de procedimiento, confirmó a la AP Damian Zepeda, del opositor Partido de Acción Nacional (PAN).
Muchas leyes de este gobierno han sido cuestionadas hasta en la Corte Suprema pero el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, no pareció preocupado. “Si se impugna todo el paquete, está bien, es su derecho”, dijo. “Nosotros tenemos que seguir cumpliendo nuestra función y la Corte tiene que hacer lo suyo”.
La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, que intentó impedir la sesión encadenándose a la tribuna, consideró “inaceptable” cambios como los que permitirán que sea el gobierno quien revise y audite las compras que él mismo hace, lo que abre las puertas a la corrupción.
Otra reforma muy polémica es el plan para sustituir la comisión de ciencia y tecnología del país -que concede becas de investigación y otros fondos- e incluir en su consejo a representantes del Ejército y la Marina. El nuevo marco también daría explícitamente prioridad a los investigadores de las universidades estatales sobre las privadas.
Esta administración ha multiplicado las funciones de las fuerzas armadas, encargadas de la seguridad, migración, aduanas, construcción y hasta turismo y cuidado de viveros, pero con las nuevas leyes pasarían, además, a desempeñar un papel preponderante en la seguridad del espacio aéreo del país y se les permitiría explotar una compañía aérea comercial.
Esto podría representar un conflicto ya que la ley mexicana prohíbe que un operador aeroportuario dirija también una aerolínea y el ejército ya opera un aeropuerto civil.
Además, parte de los impuestos turísticos se destinarán a una empresa miltar que es la que, entre otras cosas, gestiona la construcción del Tren Maya, el polémico macroproyecto del sur de país.
El Senado también aprobó un proyecto de ley que impone penas de 10 a 15 años de prisión a las personas que produzcan fentanilo en México o que suministren precursores químicos importados en gran parte de China. Además de la posesión, la producción de drogas se considera un delito independiente.
La caótica sesión del viernes y sábado de madrugada representó para los opositores un ejemplo de como los senadores del partido oficialista y sus aliados supeditaban sus responsabilidades como poder legislativo autónomo a los deseos del presidente López Obrador, denunció el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.
