CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de 40 congresistas de Estados Unidos protestó ayer por la contrarreforma eléctrica que impulsa el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al considerarla discriminatoria y proteccionista.
También ayer por la mañana, pero en la Ciudad de México, el Embajador Ken Salazar acudió a Palacio Nacional para externar las “serias preocupaciones” del Gobierno norteamericano por la iniciativa gubernamental.
Y, mientras esto ocurría, legisladores de Morena, PT y Partido Verde, que constituyen el bloque mayoritario en San Lázaro, decidieron aplazar para abril del 2022 la dictaminación de la reforma eléctrica.
Durante un encuentro de más de cuatro horas en la Cámara de Diputados, legisladores de ese bloque fueron informados de que la dictaminación de la iniciativa eléctrica sería hasta abril del 2022, ya que es prioridad la aprobación del Presupuesto y buscar una participación masiva en la revocación de mandato.
Se les presentó un cronograma según el cual la reforma se llevaría hasta el 15 de abril del 2022.
Conforme a testimonios de legisladores presentes en el encuentro, los coordinadores parlamentarios informaron que en diciembre sólo se llevará a cabo Parlamento Abierto para escuchar a empresarios inconformes con la iniciativa gubernamental.
Tras hacerse pública la posposición, el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, dijo que “la discusión de la reforma eléctrica” iniciaría en diciembre y que el 15 de abril era el límite para la aprobación en el Congreso federal y en al menos 17 Congresos locales.
Ayer por la mañana, congresistas republicanos enviaron una carta al Secretario de Estado, Antony Blinken; la Secretaria de Comercio, Gina M. Raimondo; la Secretaria de Energía, Jennifer M. Granholm, y la representante comercial Katherine Tai.
En ésta expresan su profunda preocupación sobre la escalada del Gobierno de México para excluir a las empresas privadas de su sector energético, en contradicción con sus compromisos internacionales, incluido el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC).
En el escrito, los legisladores dicen que ya hay una abrumadora lista de acciones discriminatorias contra empresas estadounidenses.
“Los informes recientes de acciones discriminatorias contra empresas estadounidenses requieren una respuesta oportuna y clara”, señalan.
“Nosotros los instamos a que redoblen sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas para que detengan las acciones discriminatorias y proporcionen a las empresas estadounidenses que operan o comercian con México en igualdad de condiciones, según lo previsto por el T-MEC”.
Advierten que el Gobierno mexicano pretende dar a Pemex y a la CFE un trato preferencial, en una clara contradicción con el T-MEC.
Eso sería violatorio de compromisos ambientales internacionales, debido al uso del combustóleo en plantas de la CFE.
