Nuevo Laredo, Tam.- Visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos arribaron ayer a esta ciudad para iniciar las investigaciones en torno a la ejecución extrajudicial de 5 jóvenes a manos de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero olvidaron traer psicólogos, médicos, y peritos, para atender a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas.
La brigada de la CNDH es dirigida por Omar Jair Pasaran Nieto, director de la Segunda Visitaduría General, quien se hizo acompañar de tres visitadores para solicitar entrevistas con familiares de las víctimas.
Familiares de las víctimas asesinadas y de los dos jóvenes sobrevivientes advirtieron a los visitadores de la CNDH que no desean recibir ningún tipo de indemnización económica por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y por el contrario exigen que todos los militares involucrados en estos hechos sean llevados ante un Tribunal de enjuiciamiento y paguen con cárcel las vidas que arrebataron y trastocaron.
La ejecución extrajudicial y arbitraria de los jóvenes ocurrió la madrugada del domingo, 26 de febrero, en el cruce de las calles Huasteca y Méndez en la colonia Manuel Cavazos Lerma, al ser acribillados por personal de la SEDENA, sobreviviendo un joven ileso y otro con dos balazos. Ambos están traumatizados psicológicamente.
Las víctimas de la masacre perpetrada por militares fueron los jóvenes Gustavo Pérez Benítez, Gilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y el estadounidense Gustavo Ángel Suarez Castillo. Dos recibieron de 10 a 15 balazos, otros dos de 2 a 5 impactos y uno presenta solo un tiro en la cabeza, lo que representa una ejecución arbitraria.
El protocolo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que para iniciar la investigación de una queja, deben acudir peritos para hacer un trabajo de campo en el lugar de la masacre.
Las víctimas sobrevivientes y familiares de los ejecutados deben ser valorados y atendidos por personal médico y psicólogos, como el caso de Alejandro Pérez Benítez quien salió ileso, pero el domingo no podía ni hablar por lo traumatizado, llegando a agredir a los militares que asesinaron a sus amigos y a uno de sus hermanos.
El personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se negó a dar alguna declaración a los periodistas y prácticamente salieron corriendo de los domicilios que visitaron, en donde solo se concretaron a entrevistarse con los familiares de las víctimas, sin
ofrecerles apoyo médico o psicológico.
La ejecución extrajudicial y arbitraria de los jóvenes ocurrió la madrugada del domingo, 26 de febrero, en el cruce de las calles Huasteca y Méndez en la colonia Manuel Cavazos Lerma, al ser acribillados por personal de la SEDENA, sobreviviendo un joven ileso y otro con dos balazos. Ambos están traumatizados psicológicamente.
Las víctimas de la masacre perpetrada por militares fueron los jóvenes Gustavo Pérez Benítez, Gilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y el estadounidense Gustavo Ángel Suarez Castillo. Dos recibieron de 10 a 15 balazos, otros dos de 2 a 5 impactos y uno presenta solo un tiro en la cabeza, lo que representa una ejecución arbitraria.
El protocolo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que para iniciar la investigación de una queja, deben acudir peritos para hacer un trabajo de campo en el lugar de la masacre.
Las víctimas sobrevivientes y familiares de los ejecutados deben ser valorados y atendidos por personal médico y psicólogos, como el caso de Alejandro Pérez Benítez quien salió ileso, pero el domingo no podía ni hablar por lo traumatizado, llegando a agredir a los militares que asesinaron a sus amigos y a uno de sus hermanos.
El personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se negó a dar alguna declaración a los periodistas y prácticamente salieron corriendo de los domicilios que visitaron, en donde solo se concretaron a entrevistarse con los familiares de las víctimas, sin ofrecerles apoyo médico o psicológico.
