Nuevo Laredo, Tam.— La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas a través de su director de Comunicación Social, Marco Antonio Martínez, es acusada de coaccionar a periodistas y líderes de asociaciones de comunicación en la ciudad. Según diversas fuentes, Martínez ha presionado para que se le entregue un “reconocimiento” a la alcaldesa en un acto que muchos califican como una farsa, programado en el marco del Día del Periodista.
El supuesto “reconocimiento” busca resaltar la gestión de la alcaldesa en beneficio de la ciudad, a pesar de que Nuevo Laredo enfrenta un visible abandono en infraestructura y servicios públicos. Esto ocurre mientras el municipio cuenta con un presupuesto superior a los 4 mil millones de pesos, lo que genera cuestionamientos sobre la veracidad del homenaje.
Martínez, conocido también por su súbita incursión como empresario gastronómico, habría amenazado directamente a los representantes de las principales asociaciones periodísticas. Según testimonios, se les advirtió que podrían enfrentar represalias si no accedían a participar en el evento, cuyo costo fue asumido por las áreas de Comunicación Social e Imagen Institucional del municipio.
Entre las asociaciones mencionadas están la Unión de Asociaciones de Periodistas de Nuevo Laredo, el Club de Periodistas Bravo’s, y la Red de Mujeres Periodistas de Nuevo Laredo, entre otras. Estas organizaciones, que tradicionalmente abogan por la libre expresión y el ejercicio ético del periodismo, se han visto en una posición incómoda frente a estas presuntas amenazas.
Periodistas locales expresan que este tipo de actos buscan maquillar una administración plagada de críticas, en un intento por desviar la atención de los problemas reales que enfrenta la ciudad. Además, alertan que este tipo de presiones vulneran la libertad de prensa y su capacidad para informar con independencia y veracidad.
La comunidad periodística y los ciudadanos de Nuevo Laredo esperan respuestas claras ante estas denuncias. Exigen que se respeten los derechos de los comunicadores y se investiguen las acusaciones de coerción, que empañan el ejercicio democrático y libre de la prensa en la región.
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