CIUDAD DE MÉXICO.- Ha sido un inicio de año letal entre la comunidad LGBTQ en México. En solo la primera mitad de enero las autoridades confirmaron el asesinato de al menos tres personas trans en distintos puntos del país. Grupos activistas hablan de otros dos homicidios sobre los que las autoridades no se han pronunciado públicamente.
El caso más reciente, confirmado por la fiscalía de Ciudad de México el domingo, fue el de Samantha Gomes Fonseca, quien aspiraba a ser senadora por el partido oficialista Morena y recibió múltiples disparos y fue asesinada en el interior de un automóvil en el sur de Ciudad de México.
“YA BASTA … Nos están matando”, gritó en sus redes sociales la diputada Salma Luévano, diputada trans del partido oficialista que la semana pasada pidió una reunión con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para hablar de los problemas de la comunidad LGBTQ después de que el mandatario se refiriera a ella como “un señor vestido de mujer” y luego le pidiera disculpas.
El lunes, un centenar de manifestantes lanzaron un mensaje similar en una de las principales avenidas de Ciudad de México. “Samantha escucha, estamos en tu lucha”, gritaba el pequeño grupo que llevaba carteles en los que se podía leer “sus discursos de odio matan”.
Según los organizadores de la protesta, la manifestación estaba prevista antes del asesinato de Gomes Fonseca y ella pensaba participar. Con su muerte, la marcha se convirtió en una exigencia de justicia aún mayor en la que se lanzó un llamamiento a que haya mejores leyes en materia de delitos de odio.
Horas antes, otro grupo había pintado las paredes de Palacio Nacional con enormes letras en las que se leía “Las vidas trans importan”, “México transfóbico” o “Ley íntegra trans”.
Días antes del asesinato de Ciudad de México, las autoridades confirmaron el homicidio el 10 de enero de Miriam Nohemí Ríos una dirigente local del pequeño partido opositor Movimiento Ciudadano en el estado mexicano de Michoacán y activista por los derechos LGBTQ. La mataron mientras trabajaba en su negocio, según la fiscalía de este estado.
Otro de los homicidios confirmados oficialmente se dio en Jalisco, en la costa del Pacífico. La fiscalía de este estado informó el sábado del hallazgo de un cuerpo de una persona “al parecer trans” en un barranco que “a simple vista presenta líquido al parecer hemático en las piernas”. Las autoridades no la han identificado.
La organización de defensa de los derechos LGBTQ Letra S habla de otros dos casos, uno en Hidalgo, al norte de la capital, y otro en el estado de Veracruz, en el Golfo de México, sobre los que las autoridades no se han pronunciado.
Los colectivos se quejan de las dificultades que existen para que las autoridades les den información.
Luis Geovani Pérez, miembro del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio hacia esta comunidad, indicó que el caso de Veracruz tuvo lugar en la localidad de Coatzacoalcos y que se trató de un doble homicidio, el de una persona llamada “Ivonne” y el su pareja.
“Desde que los discursos de odio hacia la poblaciones trans se han incrementado, se ha incrementado también la violencia”, una señal “realmente preocupante”, agregó en declaraciones a AP.
La comunidad LGBTQ ha sido objeto de ataques desde hace años en el país. Letra S tiene documentados más de 500 homicidios en los últimos seis años, 58 de ellos en 2023.
Pero muchos activistas consideraron que las más recientes declaraciones del presidente han agravado la situación.
“Estos comentarios del presidente han generado transfobia, han generado crímenes de odio contra la comunidad trans”, dijo Xomalia Ramírez, una activista de 55 años que participó en las protestas del lunes. “La gente considera al presidente no solo un líder político, sino un líder moral”, agregó. De ahí la trascendencia y el peligro que consideran que pueden suscitar sus palabras.
Ramírez, una mujer trans del sureño estado de Oaxaca que trabaja como maestra de español, pone su caso como ejemplo. “Si quiero trabajar, tengo que disfrazarme como hombre”.
En la base de todos estos crímenes, aseguran los activistas, está una sociedad marcada por el machismo y la religión. Pero también la impunidad general que impera en el país. Sólo 1% de todos los delitos cometidos fueron denunciados, investigados y resueltos en 2022, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Por eso Jair Martínez, analista de Letra S, es poco optimista. “Es muy probable que casos como estos queden en la impunidad”.
