CIUDAD DE MÉXICO.— El quinto balance de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una gran ausente: la seguridad, una de las principales preocupaciones en gran parte de México.
El mandatario centró su discurso del viernes, el último antes de las elecciones, en los avances sociales logrados y abogó por más consultas populares como una vía para luchar contra la corrupción y el abuso de poder, por ejemplo, para elegir de forma directa a los jueces.
Sin embargo, no habló del creciente problema de los desaparecidos —que han pasado de 40.000 en 2018 a más de 111.000 actuales—, o del constante desafío de los grandes cárteles que mantienen el control de algunas zonas del país.
La oficina que hace los censos reconoció en julio en sede parlamentaria que tuvo que pagar a los cárteles para poder trabajar en determinados lugares.
Toda su referencia a la inseguridad quedó reducida a un minuto en más de una hora y media de intervención y a alabar la labor de las Fuerzas Armadas en ese ámbito.
“Está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia aplicando el principio de que la paz es fruto de la justicia”, dijo en referencia a su política de “abrazos, no balazos” que evita la confrontación abierta con los grupos criminales mientras financia programas de capacitación y becas para jóvenes.
López Obrador enumeró una serie de delitos cuya incidencia ha bajado, incluidos los homicidios que, aunque sí se han reducido no lo han hecho en los porcentajes que dice el presidente, quien se atribuye algunas disminuciones de la administración anterior. En la primera mitad de 2023 se mantuvieron estables —hubo 15.122 frente a los 15.381 del mismo período de 2022—.
Sin embargo, los temas de violencia continúan van más allá de las cifras de homicidios y problemas estructurales como la impunidad. Por ejemplo, según la ONG Impunidad Cero, solo 1 de cada 10 asesinatos se esclarece.
En los últimos meses han vuelto a ocurrir en México hechos de violencia vinculados con los cárteles que no se habían visto en una década, desde extorsiones masivas a productores de limón en Michoacán a prácticas en las que las víctimas son obligadas a matarse entre ellas, ahora publicitadas en videos como el que conmocionó al país a primeros de mes tras la desaparición de cinco jóvenes en Jalisco.
También fuerzas de seguridad han sido acosadas con nuevas técnicas, como el uso de explosivos, a veces, lanzados desde drones.
No obstante, López Obrador mantiene un alto nivel de aprobación y popularidad en gran medida por el avance de los programas sociales —que han beneficiado con pagos directos a muchos jóvenes, campesinos y a sectores humildes de la población— y a logros como el aumento del salario mínimo o la reducción de la pobreza, que ha pasado de afectar al 49,9% de la población en 2018 al 43,% en 2022.
Para el año que le queda en el poder, habló más de consolidar sus grandes proyectos —por ejemplo, la inauguración de algunas de sus obras de infraestructura como el turístico Tren Maya o una nueva refinería— que de propuestas nuevas.
Sin embargo, sí dijo que va a concretar su idea para que los jueces mexicanos sean elegidos de forma directa por la ciudadanía en una propuesta de reforma constitucional.
El mandatario considera las votaciones populares la panacea contra la corrupción y los abusos de poder y ya se había pronunciado a favor de votar por no sólo los miembros de la Corte Suprema sino por los integrantes de la autoridad electoral.
Pero parece poco probable que la medida vaya a prosperar porque el oficialismo no tienen la mayoría parlamentaria necesaria para cambiar la constitución y la oposición ya bloqueó varias reformas de la carta magna propuestas por el mandatario.
Los jueces se han convertido en un constante objetivo de las críticas del mandatario quien, asegura, operan en “beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos”.
