Reynosa, Tam. — A pesar de contar con sólidas pruebas, incluyendo un video, que incriminan a 16 miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional en la ejecución extrajudicial de cinco civiles, la Fiscalía General de la República solo ha ejercido acción penal contra 7 de ellos, permitiendo que uno permanezca en libertad.
La audiencia de imputación inicio el 2 de octubre en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas en esta ciudad y los abogados defensores de los militares desde las instalaciones del Juzgado Militar de Ejecución y Sentencias Adscrito a la Primera Región Militar con sede en la Ciudad de México solicitaron la ampliación del término legal y se reanuda este miércoles, 4 de octubre a las 16:15 horas.
Los militares involucrados en el asesinato de cinco civiles, que se encontraban arrestados, desarmados y esposados, exhibieron, tal como se registró en un video difundido a nivel nacional e internacional, un patrón de conducta criminal sistemática por parte del Ejército Mexicano en sus operativos en todo el país.
Este video, que constituye la principal evidencia, junto con la confesión de al menos un soldado, muestra claramente la participación de los 16 elementos de la SEDENA, incluyendo al Teniente de Infantería José Luis “N”.
Las víctimas de esta ejecución extrajudicial fueron José Ángel Moreno Pool, Edgar Chavarría Rico, Jorge Antonio Colector Pineda, José Isabel Rivera Vega y Clinton Alex Blucha Pérez.
La FGR únicamente ha imputado a siete de los 16 militares involucrados en este múltiple crimen, incluyendo al Teniente de Infantería José Luis “N”, acusado de homicidio calificado con ventaja y obstrucción a la justicia, así como a sus subalternos: Armando “N”, Benito “N”, Ángel “N”, Filiberto “N”, Carlos “N” y Julián “N”, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado y ejercicio ilícito del servicio público según lo establecido en la Carpeta Judicial 203/2023.
Uno de los 7 militares acusados se encuentra en libertad, lo que plantea un riesgo significativo de que deserten del Ejército Mexicano y evadan la justicia con la complicidad y protección de la FGR.
Los abogados de las familias de las víctimas solicitarán, al reiniciar la audiencia, que se presente acción penal contra los otros 9 militares que fueron “exonerados” por la FGR, a pesar de las pruebas contundentes, por delitos como obstrucción a la justicia, encubrimiento y participación en el homicidio.
“La Fiscalía General de la República se ha convertido en cómplice deliberada de los militares que asesinaron a sangre fría a cinco civiles, que ya habían sido detenidos, desarmados y esposados, al no ejercer acción penal contra los 16 involucrados, ya sea por acción u omisión”, destacó un destacado abogado penalista.
Las cinco personas viajaban en una camioneta pick-up blindada y, al ser perseguidas por militares, intentaron escapar, chocando contra la barda perimetral de una tienda, donde fueron acorraladas por los soldados de Operaciones Especiales y sometidas sin oponer resistencia.
Los militares, bajo el mando del Teniente de Infantería José Luis “N”, esposaron a los detenidos, les vendaron los ojos y algunos de ellos fueron golpeados. Posteriormente, los colocaron junto a la barda, donde minutos después, los soldados los ejecutaron a sangre fría, colocando armas junto a ellos para simular un enfrentamiento.
Después de la ejecución de los civiles, tal como muestra el video, el personal militar retiró las esposas de las víctimas, manipuló la escena del crimen, robó armas y equipo militar, además de llevarse un paquete que se encontraba dentro de la camioneta.
La ejecución extrajudicial de los 5 civiles tuvo lugar el pasado 18 de mayo en Lago de Chapala y avenida Monterrey. El crimen, registrado en video, no obstante, la Fiscalía General de la República se ha negado deliberadamente a ejercer acción penal contra los 16 involucrados, limitándose a acusar a 7 de ellos, uno de los cuales inexplicablemente goza de libertad.
Si la FGR continúa protegiendo de manera deliberada al personal militar y distorsionando las pruebas existentes, existe el riesgo de que los militares implicados en esta múltiple ejecución queden en libertad, dejando impune el crimen que cometieron contra cinco personas que estaban bajo su custodia, detenidas y esposadas.
