CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó recientemente un plan para una “Declaración de derechos de IA” que tiene como objetivo proteger a los ciudadanos contra los daños potenciales asociados con la Inteligencia Artificial.
Propuesto por primera vez por la Oficina de Política Científica y Tecnológica (OSTP) el año pasado, el proyecto de ley describe formas de responsabilizar a las empresas por la tecnología que desarrollan.
Incluye protecciones contra prácticas abusivas de datos, discriminación algorítmica, seguimiento generalizado y sistemas inseguros.
El documento “ayudará a guiar el diseño, desarrollo y despliegue de Inteligencia Artificial (IA) y otros sistemas automatizados para que protejan los derechos del público estadounidense”, según un comunicado de prensa de la Casa Blanca.
Como tal, el BoR abogará por cinco principios: sistemas seguros y efectivos, protecciones contra la discriminación algorítmica, privacidad de datos, notificación y explicación, y alternativas humanas, consideración y respaldo.
“En pocas palabras, los sistemas deberían funcionar, no deberían discriminar, no deberían usar los datos de manera indiscriminada”, escribió el coautor de BoR, Suresh Venkatasubramanian, en un hilo de Twitter el martes. “Deberían ser visibles y fáciles de entender, y no deberían eliminar a los interlocutores humanos”.
“Hubo miles de ediciones y comentarios que hicieron que el documento fuera fuerte, rico y detallado”, continuó Venkatasubramanian.
“La Declaración de Derechos de la IA refleja, como corresponde al título, una visión estadounidense consensuada, amplia y profunda de cómo gobernar las tecnologías automatizadas que afectan nuestras vidas”.
“Las tecnologías automatizadas están impulsando innovaciones notables y dando forma a decisiones importantes que afectan los derechos, las oportunidades y el acceso de las personas. El Plan para una Declaración de Derechos de la IA es para todos los que interactúan a diario con estas poderosas tecnologías, y para todas las personas cuya vida se ha visto alterada por algoritmos inexplicables”, dijo la Dra. Alondra Nelson, directora adjunta de Ciencia y Sociedad de la Oficina de Política Científica y Tecnológica.
“Las prácticas establecidas en el Plan para una Declaración de Derechos de AI no son solo aspiracionales; son alcanzables y urgentemente necesarios para construir tecnologías y una sociedad que funcione para todos nosotros”.
La Administración ha pasado más de un año desarrollando el BoR a su estado actual, incluida una amplia divulgación pública a través de paneles de discusión, sesiones de escucha pública y reuniones con todos, desde trabajadores y activistas hasta directores ejecutivos y empresarios.
Además del proyecto de ley en sí, la OSTP también ha publicado un trabajo complementario, De los principios a la práctica, que detalla los pasos concretos que deben tomar tanto las entidades gubernamentales como las ONG, las empresas públicas y privadas para garantizar que operen dentro del alcance y el espíritu del documento.
“La implementación efectiva de estos procesos requiere la cooperación y colaboración entre la industria, la sociedad civil, los investigadores, los encargados de formular políticas, los tecnólogos y el público”, dice el BoR. Por supuesto, el plan no detalla ningún mecanismo de aplicación real.
