WASHINGTON (AP) — Una jueza federal accedió el viernes a bloquear temporalmente los intentos del gobierno del presidente Donald Trump para expandir las deportaciones rápidas de inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo un proceso conocido como permiso condicional humanitario, un fallo que podría beneficiar a cientos de miles de personas.
La jueza federal de distrito Jia Cobb, en Washington, D.C., dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se excedió de su autoridad legal en sus intentos por expandir la “expulsión expedita” para muchos inmigrantes. La jueza señaló que esos inmigrantes enfrentan peligros que pesan más que cualquier daño que pudiera derivarse de “pausar” los planes del gobierno.
El caso “plantea una cuestión de juego limpio” para las personas que huyen de la opresión y la violencia en sus países de origen, declaró Cobb en su orden de 84 páginas.
“En un mundo de malas opciones, jugaron según las reglas”, escribió. “Ahora el gobierno no sólo ha cerrado esos caminos para los recién llegados, sino que ha cambiado las reglas del juego para los que ya están aquí y tienen permiso condicional humanitario, restringiendo su capacidad de intentar obtener alivio migratorio y sometiéndolos a una expulsión sumaria a pesar de que la ley le prohíbe al poder ejecutivo hacerlo”.
Las deportaciones rápidas les permiten a los funcionarios de inmigración expulsar a alguien de Estados Unidos sin que primero vea a un juez. En casos de inmigración, el permiso condicional humanitario le permite a alguien que solicita ser admitido al país ingresar sin ser detenido.
Grupos de defensa de los inmigrantes demandaron a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para impugnar tres acciones recientes del DHS que expandieron la expulsión expedita. Un aumento de arrestos en los tribunales de inmigración pone de relieve lo mucho que está en juego con la demanda.
El fallo de la jueza se aplica a cualquier no ciudadano que haya ingresado a Estados Unidos a través del proceso de permiso condicional en un puerto de entrada. Suspendió las acciones del DHS impugnadas hasta que el caso concluya.
Cobb dijo que la “pregunta subyacente” del caso es si las personas que escaparon de la opresión tendrán la oportunidad de “defender su caso dentro de un sistema de reglas”.
“O, alternativamente, ¿serán expulsados sumariamente de un país que —mientras son detenidos en puntos de control y afuera de los tribunales, a menudo por agentes vestidos de civil sin que les den explicaciones ni les lean cargos— podría parecerles algo cada vez más similar a los países de los que intentaron escapar?”, añadió.
Una abogada de los demandantes, la directora jurídica del Justice Action Center —un organismo sin fines de lucro que lucha por los derechos de los inmigrantes—, Esther Sung, dijo que el fallo era una “gran victoria” para cientos de miles de inmigrantes y sus familias. Sung indicó que muchas personas tienen miedo de asistir a audiencias rutinarias de inmigración por temor a ser arrestadas.
“Esperamos que esta decisión alivie ese miedo”, expresó Sung.
Desde mayo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se han posicionado en los pasillos para arrestar a personas después de que los jueces aceptan las solicitudes del gobierno para desestimar casos de deportación. Luego de ser arrestadas, el gobierno renueva los procedimientos de deportación, pero de acuerdo con la autoridad de expulsión rápida.
Trump amplió drásticamente la autoridad de expulsión rápida en enero, permitiendo a los agentes de inmigración deportar a alguien sin que primero vea a un juez. Aunque las deportaciones rápidas pueden ser suspendidas al presentar una solicitud de asilo, las personas pueden desconocer ese derecho e, incluso si lo conocen, pueden ser expulsadas rápidamente si no aprueban una evaluación inicial.
La “expulsión expedita” fue creada bajo una ley de 1996 y se ha utilizado ampliamente para personas detenidas en la frontera desde 2004. Trump intentó expandir esos poderes a nivel nacional en 2019 para cualquier persona que esté en el país por menos de dos años, pero fue bloqueado en los tribunales. Sus iniciativas más recientes equivalen a un segundo intento.
El ICE ejerció su autoridad expandida con mesura al principio durante el segundo mandato de Trump, pero desde entonces se ha apoyado en ella para aplicarla enérgicamente en los tribunales de inmigración y en “redadas en lugares de trabajo”, según abogados de los demandantes.
