Nuevo Laredo, Tam.— Una joven trabajadora fue víctima de un brutal abuso sexual a manos de miembros del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en esta ciudad fronteriza.
Según su relato, mientras caminaba hacia su trabajo en las carboneras a las 4 de la tarde de este domingo cuando fue interceptada por tres camionetas del Ejército y una de la Guardia Nacional en la brecha “Grúas Mora”, conocida como “la brecha de los polis”.
Los militares la detuvieron acusándola de ser delincuente, algo que ella negó.
La víctima narró que los elementos la privaron de su libertad, la trasladaron al río Bravo y comenzaron a despojarla de su ropa mientras la interrogaban con violencia.
El comandante, descrito como un hombre moreno, bajo de estatura, robusto, con barba y lentes, inició los abusos al besarle los pechos y vendarle los ojos.
Después, más de 20 elementos del Ejercito Mexicano y la Guardia Nacional la obligaron a realizar actos sexuales bajo amenazas de muerte si no obedecía.
El calvario de la joven fue devastador. “Me dijeron que a cada uno le tenía que mam… sus partes”, confesó entre lágrimas.
Durante el abuso sexual, algunos la tocaban, la besaban y la sometían a vejaciones continuas.
En medio del terror, pensó que no sobreviviría para volver a ver a su familia.
Aunque traumatizada, la víctima asegura poder identificar al comandante, pese a no recordar detalles como números de patrullas.
Decidida, presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República para que se investigue y castigue a los culpables.
“Quiero poner una demanda y que no le pase esto a ninguna otra mujer”, expresó con valentía.
No es el primer caso registrado en Nuevo Laredo, son varias mujeres víctimas de detenciones arbitrarias y abuso sexual por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, pero las afectadas por miedo ante las amenazas de muerte, no han denunciado.
Este caso pone en evidencia la impunidad y los abusos atribuidos a las fuerzas armadas en México. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la militarización de la seguridad pública aumenta los riesgos para los civiles.
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