CIUDAD DE MÉXICO.- La prolongada disputa fiscal entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno mexicano está a punto de ser revisada por uno de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Juez José Franco se encargará de la disputa entre Grupo Elektra, la empresa insignia de Salinas, y el Gobierno por más de 2 mil 600 millones de pesos en pagos de impuesto sobre la renta (ISR) desde 2006, según documentos publicados en el sitio web de la Corte.
Si bien este es solo uno de los ocho casos que existen contra Elektra, la decisión de la SCJN podría afectar todas las demás demandas, que en conjunto ascienden a casi 2 mil millones de dólares, según la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro.
Esos casos se basan en la misma interpretación agresiva de las reglas para la consolidación de impuestos en grupos empresariales, dijo Buenrostro en una entrevista el 17 de julio.
“Los ocho casos obedecen al mismo esquema de evasión fiscal. Si se confirma lo anterior, los otros deben correr la misma suerte”, señaló.
Las empresas de Salinas seguirán defendiéndose en el caso, dijo el portavoz Luciano Pascoe a Bloomberg News.
Pascoe, que también es el jefe de la red de cable ADN 40 de Salinas, dijo que la compañía estaba convencida de que estaba legal y éticamente en lo correcto.
“Como cualquier empresa en este país, tenemos todo el derecho a estar en desacuerdo con las autoridades tributarias y a defendernos de lo que consideramos cargos erróneos y excesivos”, sostuvo.
Elektra, una empresa financiera y minorista, es la base del imperio empresarial de Salinas, que también controla la segunda red de televisión del País, TV Azteca, así como servicios de televisión por cable, energía y seguridad. Con una fortuna de alrededor de 15 mil 400 millones de dólares, es el tercer hombre más rico de México, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado medidas enérgicas contra la evasión fiscal, lo que le ha permitido apuntalar los ingresos del Gobierno incluso durante el colapso económico de la pandemia de coronavirus. Salinas ha sido miembro del grupo de asesores empresariales del Presidente, pero eso no ha impedido a que el Gobierno persiga a otro miembro, Miguel Alemán Magnani, quien fue acusado de fraude tributario a principios de este mes.
Los otros siete casos contra Elektra abarcan demandas desde 2006 hasta 2013, según su última declaración anual. Las empresas de Salinas se enfrentan a otras auditorías de años más recientes, incluidas las investigaciones sobre cómo se pagaba a estrellas del fútbol y la televisión.
Buenrostro señaló que las empresas mexicanas estaban pagando a las estrellas del fútbol y actores de televisión con una serie de pagos de derechos de autor y otros métodos en un acuerdo para evadir impuestos relacionados con los salarios.
El SAT ha estado luchando contra Elektra en los tribunales durante más de una década. En el caso que ahora se revisa, el SAT ganó su primera sentencia en un tribunal de Ciudad de México en 2011. Podrían pasar semanas o meses antes de que Franco tenga una decisión para someterla a votación ante otros magistrados.
A Franco se le asignó el caso el 7 de julio, según una publicación de la semana pasada. El expediente incluye más de 6 mil páginas de sentencias anteriores de tribunales inferiores que dieron la razón al SAT, pero que fueron apeladas por Elektra. Otros dos magistrados, Ana Ríos y Norma Piña, fueron requeridos para recusar el caso.
