CIUDAD DE MÉXICO.- México anunció el miércoles que recibirán apoyo de nueve expertos locales y extranjeros para atender la crisis de personas desaparecidas, que suman más de 130,000, y que ha encendido las alertas de organismos internacionales que exhortaron al gobierno de Claudia Sheinbaum a tomar acciones urgentes para atender la situación.
La conformación del grupo de especialistas se da a menos de seis meses del duro informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) que solicitó remitir urgentemente la situación de México a la Asamblea General para que sopese medidas de prevención, investigación, castigo y erradicación de las desapariciones forzadas.
El caso también generó preocupación en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que instó en mayo a México a tomar acciones para hacer frente a lo que catalogó como una “grave” y “generalizada” crisis de desaparecidos que se ha exacerbado por la violencia, la complicidad de algunas autoridades con el crimen organizado y la “impunidad estructural”.
Entre los especialistas extranjeros que apoyarán a las autoridades mexicanas están Mayank Kejriwal, de la Universidad del Sur de California; Zubin Jelveh, de la Universidad de Maryland, y Ted Enamorado, de la Universidad de Washington, anunció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina.
También participarán en el grupo los investigadores y académicos mexicanos Astrid Adriana Pozos y Ernesto Isunza Vera, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); Esteban Salmón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y Rodrigo Canales, de la Universidad de Boston. Está pendiente de autorización una especialista de análisis de datos por parte de una institución en Massachusetts, informó el gobierno en un comunicado.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el grupo de expertos apoyará a las autoridades mexicanas en la revisión y validación de las metodologías utilizadas, la mejora en la calidad de la información, y propondrán herramientas técnicas que fortalezcan la búsqueda de personas.
“Su trabajo también permitirá identificar posibles mejoras legales y administrativas para que el Registro Nacional cumpla con el propósito establecido en la ley: ser una herramienta efectiva para la búsqueda y localización”, añadió.
Rodríguez informó que gracias a las acciones de estrategia nacional de búsqueda se han localizado en los últimos meses “más de 16.000 personas”, pero no ofreció detalles.
Diagnóstico y acciones
En el estudio que presentó en mayo la CIDH se reconoció que la crisis de desaparecidos se ha agravado en el país latinoamericano por “la falta de eficacia de las medidas de prevención, la persistencia de altos niveles de violencia, la desconfianza en las autoridades y la impunidad estructural”.
Para atender el problema que arrastra México desde hace varias décadas, la CIDH remitió al gobierno de Sheinbaum 40 recomendaciones, entre las que destacó la necesidad de fortalecer las instituciones estatales, la participación central de las víctimas y sus familias y “la identificación y el desmantelamiento de redes de connivencia” entre el crimen organizado y agentes estatales.
Sheinbaum recibió favorablemente las observaciones de la CIDH, pero objetó el informe de la CED asegurando “no fueron consideradas las acciones que hemos hecho”.
Desde el año pasado la mandataria impulsó una serie de reformas para agilizar las búsquedas y presentó una revisión del registro nacional de personas desaparecidas. Organizaciones humanitarias locales criticaron dicha revisión, asegurando que las debilidades en los registros revelan la enorme impunidad que existe en el país sobre esos casos, y consideraron que las nuevas clasificaciones no tienen fundamento legal.
Sheinbaum decidió hacer los cambios tras la controversia que se desató en el país luego de que, en marzo de 2025, un colectivo denunció el hallazgo de numerosos restos óseos y cientos de prendas de vestir en el Rancho Izaguirre, ubicado a las afueras de Guadalajara, capital del estado de Jalisco. El predio era utilizado por el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación como un centro de entrenamiento de sus integrantes.
