AUSTIN, Texas.- El Departamento de Justicia interpuso el lunes una demanda contra el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, por una barrera flotante que el estado colocó en el río Grande — también conocido como Bravo — con el objetivo de impedir que los migrantes ingresen a Estados Unidos desde México.
La demanda solicita a un juez federal en Austin que obligue a Texas a retirar la fila de enormes boyas anaranjadas que se extiende unos 305 metros (1.000 pies), la cual el gobierno federal asegura que plantea preocupaciones ambientales y humanitarias. La denuncia también asegura que Texas instaló la barrera de forma ilícita sin obtener los permisos necesarios
Las boyas colocadas entre las ciudades fronterizas de Eagle Pass y Piedras Negras, México, son la más reciente escalada en las operaciones de seguridad fronteriza por parte de Texas, las cuales también incluyen cercado con alambre de púas, detención de migrantes por cargos de invasión de propiedad privada y el envío de solicitantes de asilo hacia ciudades de otros estados con gobiernos demócratas.
En anticipación a la demanda, Abbott le envió al presidente Joe Biden una carta el lunes por la mañana en la que defiende el derecho de Texas a instalar la barrera. Acusó al mandatario de poner en riesgo a los migrantes al no hacer más para disuadirlos de realizar el viaje hacia Estados Unidos.
“Texas lo verá en la corte, señor presidente”, escribió Abbott en su misiva.
El gobierno del Biden ha dicho que el número de cruces fronterizos ilegales ha caído significativamente desde que se implementaron nuevas reglas de inmigración en mayo.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas que las políticas de Abbott en su conjunto han dificultado el acceso de los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos al río.
“Son acciones ilegales que no ayudan y que están socavando lo que el presidente ha propuesto y está tratando de hacer”, afirmó.
En una carta enviada la semana pasada, el Departamento de Justicia le dio a Texas hasta el lunes para comprometerse a retirar la barrera o enfrentaría una demanda. La misiva decía que la barrera de boyas “representa un riesgo a la navegación y a la seguridad pública en el río Grande, y presenta inquietudes en materia humanitaria”.
El estado colocó las boyas sin notificar a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) o al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. El gobierno mexicano solicitó la intervención de la presidencia de Biden, asegurando que la barrera viola los tratados internacionales.
