WASHINGTON (AP) — La administración Trump está criticando a jueces de tribunales inferiores que han frenado sus esfuerzos por despojar de protecciones legales a un amplio sector de migrantes. Está pidiendo a la Corte Suprema que despeje el camino para medidas que podrían exponer a miles de personas más a la deportación.
El Departamento de Justicia quiere un fallo amplio que le permitiría actuar con mayor rapidez para poner fin a las protecciones legales de migrantes de varios países, incluidos Haití y Siria, según una carta enviada al alto tribunal el lunes.
La administración sostiene que el gobierno federal tiene la autoridad para poner fin al estatus de protección temporal como lo considere conveniente, sin intervención de los tribunales.
Pero tribunales inferiores han discrepado, incluido un juez en Washington D.C. que determinó que la “hostilidad hacia los inmigrantes no blancos” probablemente influyó en la decisión de terminar las protecciones para los haitianos. Un tribunal de apelaciones confirmó esa decisión.
La Corte Suprema, sin embargo, ya se ha puesto del lado de la administración Trump en este asunto, al permitir el fin de protecciones para cientos de miles de venezolanos mientras continuaba el litigio. Fue parte de una serie de victorias de Trump en el expediente de emergencia de corto plazo de la Corte Suprema que le han permitido seguir adelante con partes clave de su agenda.
Ahora la administración está solicitando un fallo que establezca que los tribunales no pueden cuestionar las medidas del Departamento de Seguridad Nacional que se producen en el marco de un esfuerzo más amplio de deportación masiva.
El procurador general D. John Sauer afirmó que los jueces de tribunales inferiores han mostrado un “desprecio persistente” por las decisiones previas del expediente de emergencia del tribunal, como parte de un ciclo que “probablemente se repetirá una y otra vez a menos y hasta que este Tribunal intervenga”.
Sauer apeló el mes pasado un fallo que mantiene las protecciones para inmigrantes sirios, y señaló el lunes que planea apelar otra decisión que afecta a unos 350.000 haitianos.
Un grupo de más de 175 exjueces también intervino, al argumentar que los fallos del expediente de emergencia no constituyen derecho establecido y que el tribunal debería permitir que se desarrolle el proceso normal de apelaciones.
Las protecciones para los haitianos se otorgaron por primera vez en 2010 tras un terremoto catastrófico y se han extendido en múltiples ocasiones. El país sigue sacudido por la violencia de pandillas, que ha desplazado a cientos de miles de personas.
Seguridad Nacional sostiene que las condiciones han mejorado y negó que la animadversión racial haya influido. Los abogados de los migrantes haitianos, sin embargo, advierten que “casi con certeza morirá gente” si la administración Trump pone fin al programa.
El estatus de protección temporal puede ser otorgado por el secretario de Seguridad Nacional si se considera que las condiciones en los países de origen no son seguras para el retorno debido a un desastre natural, inestabilidad política u otros peligros. Se concede en periodos de 18 meses y no ofrece una vía legal hacia la ciudadanía.
El Departamento de Seguridad Nacional también ha terminado las protecciones para unos 600.000 venezolanos, 6.100 sirios, 60.000 personas de Honduras, Nicaragua y Nepal, más de 160.000 ucranianos y miles de personas de Afganistán y Camerún.
Gobierno de Trump critica ante Corte Suprema fallos que frenan agenda migratoria
Está pidiendo a la Corte Suprema que despeje el camino para medidas que podrían exponer a miles de personas más a la deportación
La sede de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington el 28 de marzo del 2017. (AP foto/J. Scott Applewhite)


