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Gobernador de Texas autoriza devolver migrantes a la frontera

Autoriza facultades a los agentes federales y prueba los límites jurídicos en su intento de disminuir el número de cruces ilegales

El gobernador de Texas, Greg Abbott, habla en una conferencia de prensa el 10 de marzo de 2022, en Weslaco, Texas. [Joel Martinez/The Monitor vía AP, archivo]
AP

AUSTIN, Texas.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó el jueves a las fuerzas de seguridad estatales a aprehender y transportar a migrantes a la frontera con México, asumiendo facultades de los agentes federales y probando los límites jurídicos en su intento de disminuir el número de cruces ilegales.

El gobierno federal es el responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración, pero, durante más de un año, Texas ha patrullado la frontera con mano cada vez más dura.

El republicano Abbott no fue tan lejos como para autorizarle a los policías de Texas ni a los miembros de la Guardia Nacional a que lleven a los migrantes a través de los puertos de entrada para dejarlos en México. Eso decepcionó a exfuncionarios del gobierno del expresidente Donald Trump, que durante meses han presionado a Abbott para que declare que hay una “invasión” en marcha y les ordene a las fuerzas estatales sacar por la fuerza a los migrantes del país.

Pero la medida de Abbott sigue siendo una expansión significativa de los poderes normales de la Guardia Nacional y la policía estatal, que hasta ahora han entregado a los migrantes a agentes de la Patrulla Fronteriza, y en algunos casos han efectuado arrestos bajo cargos estatales de invasión de propiedad privada. También genera interrogantes sobre el entrenamiento con que cuentan para detener y transportar a migrantes, y probablemente enfrente impugnaciones en las cortes.

Los cruces ilegales se encuentran en su nivel más alto o cerca de él de las últimas dos décadas. En la frontera de Texas, las autoridades federales impidieron 523.000 cruces ilegales entre enero y mayo, un incremento en comparación con los 417.000 cruces de ese mismo periodo hace un año.

Abbott ha culpado de ello al gobierno del presidente Joe Biden y ha gastado más de 3.000 millones de dólares de fondos estatales en un mecanismo masivo de seguridad fronteriza. Pero la operación estatal no ha detenido el flujo de migrantes.

“Mientras los desafíos en la frontera sigan incrementándose, Texas continuará tomando medidas para hacer frente a esos desafíos provocados por el gobierno de Biden”, declaró Abbott.

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no respondieron de momento una petición de comentarios.

El gobernador hizo el anuncio dos días después de que exfuncionarios del gobierno de Trump y jefes policiales del sur de Texas exhortaron a Abbott a declarar que el estado está siendo invadido y utilizar poderes extraordinarios que normalmente sólo serían aplicables en tiempos de guerra. Su plan involucra una interpretación novedosa de la Constitución de Estados Unidos para hacer que la Guardia Nacional o la policía estatal envíen por la fuerza a los migrantes a México, sin tomar en cuenta las leyes de inmigración ni los procedimientos policiales.

La idea existe desde hace años en los sectores más derechistas del Partido Republicano, pero ha cobrado fuerza entre los conservadores desde que Biden asumió la presidencia.

El Centro para la Renovación de Estados Unidos, una institución de investigación de políticas conservadoras encabezada por exfuncionarios del gobierno de Trump, ha estado impulsando esos intentos, y criticó la orden de Abbott, ya que no pide la expulsión de migrantes.

“Eso es crucial. De otra forma esto sigue siendo atrapar y volver a liberar”, manifestó el grupo en un comunicado.

Las autoridades estadounidenses están deteniendo a migrantes en la frontera sur con mayor frecuencia que en cualquier otro momento de las últimas dos décadas. Hubo 240.000 detenciones de migrantes en mayo, un incremento de un tercio en comparación con el año pasado.

Las comparaciones con los niveles previos a la pandemia del COVID-19 son complicadas porque los migrantes expulsados bajo una autoridad de salud pública conocida como Título 42 no enfrentan consecuencias jurídicas, lo que los alienta a volver a entrar. Las autoridades dicen que 25% de los encuentros en mayo fueron con personas que habían sido detenidas al menos en una ocasión en el año previo.

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