NUEVO MÉXICO.- El fiscal general de Nuevo México está solicitando que el departamento estatal de hogares de acogida trabaje para repatriar a un ciudadano estadounidense de 15 años, después de que el personal de la dependencia llevara al menor a un cruce fronterizo en Texas y presuntamente lo obligara a cruzar a pie hacia México para reunirse con su madre, con quien no había tenido contacto en años.
Una demanda civil presentada por el fiscal general estatal, Raúl Torrez, contra el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Nuevo México (CYFD, por sus siglas en inglés) indicó que su personal condujo al menor a El Paso, Texas, el 6 de julio. La denuncia, presentada el 28 de julio, señala que se le indicó al menor que cruzara solo el puente fronterizo para encontrar a su madre, una ciudadana mexicana que fue arrestada por cargos relacionados con drogas y deportada este año.
La oficina de Torrez también está pidiendo a un juez estatal que emita una orden de restricción temporal para bloquear futuras reunificaciones que impliquen sacar a niños de Estados Unidos, a menos que cuenten con aprobación judicial.
“El estado de Nuevo México no puede afirmar que protege a los niños mientras abandona a uno de los suyos en una frontera internacional”, manifestó Torrez en un comunicado de prensa.
Los documentos indican que el menor cruzó a México, no pudo encontrar a su madre en el momento y corrió de regreso a Estados Unidos.
En ese momento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) instó a la agencia de bienestar infantil de Nuevo México a llevar al menor de regreso a Nuevo México, según la denuncia del fiscal general. Pero los documentos sostienen que el personal se negó y presuntamente dijo que el menor ahora era un “problema de Texas” antes de dejarlo en la frontera.
“Lo más importante es que el menor está a salvo y vive con su madre, con quien el CYFD ha estado en contacto frecuente”, expresó Jake Thompson, portavoz del CYFD, en un comunicado el miércoles. “El CYFD está revisando la denuncia y la orden, y responderá ante el tribunal”.
Tras el incidente en la frontera, el joven de 15 años quedó bajo custodia del Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas, según la denuncia. Pese a los esfuerzos por comunicarse con el CYFD, funcionarios de Texas presuntamente se vieron obligados a devolver al menor a su madre en México semanas después, de acuerdo con la denuncia. Mensajes enviados por correo electrónico y teléfono a la agencia de bienestar infantil de Texas no fueron respondidos el jueves.
Torrez dijo que el niño permanece en México con su madre pese a múltiples intentos de reingresar a Estados Unidos. Torrez calificó el caso como parte de un patrón más amplio de negligencia dentro del sistema estatal de bienestar familiar y exigió que el personal del CYFD haga lo que pueda para repatriar al adolescente.
En un comunicado, el CYFD negó que la seguridad del menor haya estado alguna vez en riesgo, y afirmó que su madre había solicitado que se reuniera con ella en México. Indicaron que el personal realizó dos visitas domiciliarias virtuales y concluyó que la situación era segura para él.
La Oficina de Defensa del CYFD incluye especialistas en inmigración, que ayudan a los niños a reunirse con familiares en otros países, según su sitio web.
“No hay nada en la ley estatal de Nuevo México que prohíba reunir a un niño con uno de sus padres en otro país, siempre que se haga de manera segura”, indicó Cristen Conley, directora del Centro Corinne para la Justicia de Niños y Familias de la Universidad de Nuevo México.
El Departamento de Justicia de Nuevo México publicó un informe de 200 páginas en abril en el que detalló lo que, según alegó, eran fallas sistémicas en la agencia de bienestar infantil que implicaban que los niños eran devueltos a entornos peligrosos debido a que el personal del departamento priorizaba la reunificación por encima de la seguridad. El caso también se produce mientras el gobierno de Trump busca deportar a niños inmigrantes usando datos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados e intentando eludir fallos judiciales anteriores.
Tras el incidente en la frontera, el adolescente se comunicó con la Oficina del Defensor del Niño, un organismo independiente de supervisión gubernamental que monitorea el sistema de bienestar infantil, que finalmente remitió el caso al Departamento de Justicia de Nuevo México.
Los padres del menor son dos ciudadanos mexicanos, pero él había estado viviendo con sus hermanos y su madrina en Estados Unidos y no había tenido contacto con ninguno de sus padres en años, según la denuncia del fiscal general.
De acuerdo con la denuncia, la madrina intentó enviarlo a México para vivir con familiares a principios de este verano boreal, pero el niño se escapó y terminó en un hospital de Nuevo México cerca de la frontera. Cuando estuvo listo para recibir el alta en junio, el hospital se negó a entregarlo a su madrina porque ella no era la tutora oficial y, en su lugar, contactó al CYFD. Finalmente fue colocado bajo tutela, señala la denuncia.
La oficina de Torrez alega que el CYFD no realizó evaluaciones de riesgo adecuadas sobre la madre del menor y que instruyó a un menor a cruzar a pie una frontera internacional sin un adulto. Los documentos también indican que el niño tiene una afección cardiaca que requiere medicación diaria, pero que el personal del CYFD no hizo un intento suficiente para garantizar la continuidad de la atención médica tras la reunificación.
En un comunicado, el CYFD dijo que el niño había estado viviendo bajo una tutela informal con una pareja en Nuevo México identificada como sus padrinos. Los padrinos solicitaron al tribunal en junio poner fin a su tutela informal, dejando al niño sin un tutor legal en Estados Unidos. El CYFD también indicó que los hermanos del menor desde entonces se han trasladado con sus padrinos al otro lado de la frontera y que ahora viven con su madre también. ___ Schuettler es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que asigna periodistas a redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.
