WASHINGTON.— Cuando expire la emergencia de salud pública declarada por la pandemia del COVID-19 el mes entrante, los estadounidenses seguirán teniendo acceso a las pruebas diagnósticas del virus, pero con una gran diferencia: en vez de que el gobierno pague por ellas, tendrá que pagar el ciudadano común.
Por primera vez, los estadounidenses tendrán que pagar todo o al menos parte del costo, dependiendo del seguro médico que tengan o si la prueba es casera o si se hace en un consultorio médico.
Pero todavía hay tiempo de comprar pruebas gratis antes del cambio que viene el 11 de mayo, e incluso después podrían quedar disponibles algunos de los tests sin pago. Algunos gobiernos estatales o locales podrían seguir distribuyendo las pruebas por vía de clínicas, bibliotecas y centros comunitarios. Y el gobierno federal, por ahora, sigue despachando pruebas sin costo alguno por medio del Servicio Postal a toda familia que no haya recibido dos envíos.
Y se recomienda a la ciudadanía no olvidarse de los tests que han quedado sin usar. La fecha de vencimiento podría haberse prorrogado. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) tiene en su sitio web una lista de cuáles pruebas siguen vigentes.
Los principales cambios serán para las pruebas vendidas directamente al consumidor, que conforman la vasta mayoría de las pruebas en Estados Unidos hoy en día.
Desde inicios de 2021, el gobierno federal ha requerido a todas las compañías de seguros que cubran hasta ocho pruebas al mes. Esa exigencia pronto podría desaparecer. También podrá desaparecer la cobertura para decenas de millones de personas inscritas en el programa de atención a ancianos Medicare, aunque algunos legisladores están pidiendo una prórroga.
Si bien algunas aseguradoras podrán seguir cubriendo todas o algunas pruebas, ya no habrá una regla vigente a nivel nacional. Un empaque de dos pruebas por lo general cuesta entre 20 y 24 dólares.
También, muy probablemente los estadounidenses tendrán que pagar más por las pruebas realizadas en hospitales, clínicas o consultorios médicos.
Se le ha prohibido a las aseguradoras cobrar copagos o tarifas relacionadas con pruebas de COVID-19. Esa prohibición también desaparece el mes próximo.
