LAS VEGAS.— Un reporte de la policía de Las Vegas, compilado hace una década después de que una mujer presentó en 2009 una querella contra Cristiano Ronaldo por una presunta violación, estuvo a punto de ser divulgado el martes por error, antes de que una jueza de Nevada diera marcha atrás y mantuviera los documentos en secreto.
La jueza de la corte de distrito del condado de Clark, Jasmin Lilly-Spells, decidió acatar al menos temporalmente la orden de un tribunal federal que impide la publicación de los resultados de la investigación policial, un acuerdo de confidencialidad con la supuesta víctima y una serie de expedientes presuntamente robados sobre discusiones abogado-cliente, entre el astro del fútbol y sus abogados.
‘La corte está ordenando que esto se mantenga sellado temporalmente’, dijo Lilly-Spells, quien invitó a que los abogados de Cristiano, la mujer Kathryn Mayorga, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas y el diario local Review-Journal presenten argumentos por escrito para el 6 de septiembre.
Mayorga acudió a la policía de Las Vegas en junio de 2009, pero la investigación penal fue desechada porque la mujer nunca identificó a su presunto agresor por su nombre ni dijo dónde había ocurrido el hecho, indicaron la policía y los fiscales.
Las autoridades reabrieron la investigación sobre una violación luego que Mayorga presentó una demanda civil contra Cristiano en 2018. Pero Steve Wolfson, fiscal de distrito de Clark, se negó a buscar cargos penales, al considerar que había pasado demasiado tiempo para demostrar las acusaciones sobre el caso ante un jurado más allá de una duda razonable.
El martes, la jueza rechazó una petición de la policía de Las Vegas para determinar si el departamento podía enfrentar una demanda de Cristiano en busca de una indemnización si los documentos se revelaban. La información no formaba parte del registro público de la corte.
Como parte de ese fallo, Lilly-Spells declaró que otros asuntos pendientes eran discutibles, incluida una orden temporal que mantiene en secreto los documentos en disputa, a la espera de una audiencia. Los argumentos se habían prolongado hasta la tarde, cuando la jueza reconoció y corrigió el error.
Falta por decidir si los documentos deben divulgarse bajo la ley de registros públicos del estado de Nevada, luego que Mayorga y sus abogados perdieron un caso ante una corte federal de distrito, en el que cuestionaban la validez de un acuerdo de confidencialidad, el cual entregó a Mayorga 375.000 dólares en 2010 a cambio de su silencio.
The Associated Press no suele identificar por su nombre a la gente que se dice víctima de una agresión sexual. Mayorga dio el consentimiento, mediante sus abogados, de ser identificada por los medios noticiosos.
