CIUDAD DEL VATICANO (AP) — La fase de apelaciones del “juicio del siglo” del Vaticano se reanudó el martes tras un par de reveses para los fiscales del papa que podrían tener grandes repercusiones en el resultado del problemático caso.
El caso concierne al otrora poderoso cardenal Angelo Becciu y otros ocho acusados, quienes fueron condenados por un puñado de delitos financieros en 2023 después de un extenso juicio de dos años.
Sin embargo, el alto Tribunal de Casación del Vaticano recientemente confirmó la decisión de un tribunal inferior de desestimar por completo la apelación de los fiscales. Eso significa que los acusados solo pueden esperar que sus veredictos y sentencias mejoren, si no se anulan.
El mismo día del fallo de Casación, el fiscal jefe del Vaticano, Alessandro Diddi, también abandonó meses de objeciones y renunció abruptamente al caso, en lugar de enfrentar la posibilidad de que el tribunal de Casación ordenara su destitución.
El problema radica en el papel de Diddi en un ahora infame conjunto de chats de WhatsApp que han puesto en duda la credibilidad de todo el juicio. Los chats, que documentan un esfuerzo de años tras bambalinas para apuntar a Becciu, sugieren una conducta cuestionable por parte de la policía del Vaticano, los fiscales del Vaticano y el propio papa Francisco.
Varios abogados defensores habían argumentado que los chats mostraban que Diddi no era imparcial en su manejo de pruebas y testigos y que no era apto para continuar en su papel.
Diddi rechazó sus argumentos como “infundados” y se quejó amargamente ante los jueces cardenales de Casación. Pero se recusó de todos modos “para evitar que las insinuaciones y falsedades sobre mí sean explotadas para dañar y perjudicar el proceso de esclarecimiento de la verdad y afirmación de la justicia”.
Si la Casación realmente hubiera fallado en contra de Diddi y encontrado que su papel era incompatible, todo el caso podría haber resultado en un juicio nulo o una declaración de nulidad. Tal como está, el tribunal de apelaciones ha dictaminado que las actividades de Diddi como fiscal eran válidas, incluso si posteriormente se recusó.
Una propiedad en Londres
El juicio original se abrió en 2021 centrado en la inversión del Vaticano de 350 millones de euros (413 millones de dólares) en una propiedad en Londres. Los fiscales alegaron que intermediarios y monseñores del Vaticano estafaron a la Santa Sede con decenas de millones de euros en honorarios y comisiones para adquirir la propiedad, y luego extorsionaron a la Santa Sede por 15 millones de euros (16,5 millones de dólares) para ceder el control de la misma.
La investigación original generó dos principales tangentes que involucraban a Becciu, un cardenal otrora poderoso, quien fue condenado por malversación y sentenciado a cinco años y medio de prisión. El tribunal condenó a otros ocho acusados por malversación, abuso de poder, fraude y otros cargos, pero los absolvió de muchos cargos.
Todos los acusados mantuvieron su inocencia y apelaron. Los fiscales también apelaron, ya que el tribunal desestimó en gran medida su teoría general de una gran conspiración para defraudar a la Santa Sede y en su lugar condenó a los acusados por un puñado de cargos serios pero secundarios.
Diddi había visto las apelaciones como una oportunidad para procesar de nuevo su caso inicial. Al presentar la apelación, simplemente adjuntó su solicitud original de condenas. Pero el tribunal de apelaciones desestimó eso con el argumento de que carecía de la “especificidad” requerida por la ley en una moción de apelación.
Fue un error procesal embarazoso que el tribunal de Casación, en su fallo del 9 de enero, se negó a perdonar.
Papel del papa
Las apelaciones ahora derivan de otros argumentos de la defensa, con una próxima línea de ataque centrada en el papel de Francisco en la investigación. Durante el juicio, los abogados defensores habían argumentado que sus clientes no podían recibir un juicio justo en una monarquía absoluta donde el papa ejerce el poder legislativo, ejecutivo y judicial supremo, y Francisco usó esos poderes durante la investigación.
El problema son cuatro decretos ejecutivos secretos que Francisco firmó en 2019 y 2020, durante los primeros días de la investigación, que otorgaron a los fiscales del Vaticano amplios poderes de, incluido el uso sin restricciones de escuchas telefónicas y el derecho a desviarse de las leyes existentes.
Los decretos solo salieron a la luz justo antes del juicio y nunca se publicaron oficialmente. No proporcionaron ninguna justificación o marco temporal para la vigilancia, ni supervisión de las escuchas telefónicas por un juez independiente, y se aprobaron específicamente para esta investigación.
Los académicos legales han dicho que el secreto de las leyes y su naturaleza ad hoc violaron un principio básico del derecho a un juicio justo que requiere la “igualdad de armas” entre la defensa y la acusación. En este caso, la defensa desconocía porr completo los nuevos poderes de investigación de la fiscalía. Incluso los funcionarios legales del Vaticano han admitido en privado que el hecho de que Francisco no publicara los decretos fue profundamente problemático.
Diddi había argumentado que los decretos de Francisco proporcionaban “garantías” no especificadas para los sospechosos, y el tribunal originalmente rechazó las mociones de la defensa argumentando que violaban el derecho fundamental de los acusados a un juicio justo. En una decisión algo enrevesada, los jueces dictaminaron que no se había producido ninguna violación del principio de legalidad ya que Francisco había hecho las leyes.
Según el derecho canónico de la Iglesia, el papa no puede ser juzgado por nadie más que por Dios. Pero el papa tampoco puede promulgar leyes que violen la ley divina, lo que plantea un posible dilema si el tribunal finalmente encontrara que los decretos de Francisco violaron los derechos fundamentales de los acusados.
El Vaticano ha insistido en que todos los acusados recibieron un juicio justo.
