CIUDAD DEL VATICANO. — Dos juicios en el Vaticano están llegando a un punto crítico esta semana y generan preguntas incómodas para la Santa Sede, ya que ambos ponen de relieve el poder del papa Francisco como monarca absoluto y los problemas jurídicos, financieros y de reputación que pueden surgir cuando lo ejerce.
El miércoles, Libero Milone, ex auditor interno del Vaticano, acudió a la corte para una audiencia de su demanda contra la Santa Sede por despido injustificado, en la que exige una indemnización de 9,3 millones de euros. Milone dice que la policía vaticana lo obligó a renunciar en 2017 bajo amenaza de arresto, luego de que le dijeran que el pontífice había “perdido la fe” en él por sus diligentes intentos de auditar a prelados.
La Secretaría de Estado del Vaticano ha objetado ser mencionada como parte acusada en la demanda, alegando que no tuvo nada que ver con la contratación de Milone ni con su renuncia, y considera completamente inaceptable que el tribunal de la ciudad-Estado se involucrara.
Su razonamiento: el papa contrató a Milone y luego quiso echarlo, y la corte no tiene derecho a juzgar sus decisiones.
El jueves se reanudaba el añejo juicio del Vaticano por fraude financiero, extorsión y corrupción. Los abogados defensores ofrecerían los argumentos finales antes de un veredicto que se prevé sea emitido antes de que concluya el año.
En su primer día de argumentos de cierre este mes, abogados de los exjefes de la Junta Directiva de la Autoridad de Información Financiera de la Ciudad del Vaticano —encargada de la supervisión de sus finanzas— impugnaron elementos cruciales de la argumentación de los fiscales, al subrayar que Francisco había aprobado la transacción crucial en el centro del juicio, y que funcionarios vaticanos simplemente ejecutaron su voluntad según les fue requerido.
Incluso Vatican News, medio de comunicación de la Santa Sede que se ha mostrado favorable al alegato de los fiscales desde el principio, reconoció que la defensa había proporcionado un “cambio de perspectiva para la narrativa del juicio”.
Los fiscales han acusado a 10 personas, incluido un cardenal, de una serie de delitos financieros que se derivan de la inversión de la Secretaría de Estado por 350 millones de euros en una propiedad de Londres. Los fiscales alegan que prelados y corredores del Vaticano le esquilmaron a la Santa Sede decenas de millones de euros en cuotas y comisiones, y luego la extorsionaron para que cediera el control de la construcción.
Gran parte del caso de Londres se fundamenta en el paso de la propiedad de un corredor de Londres a otro a fines de 2018. Los fiscales alegan que el segundo corredor, Gianluigi Torzi, embaucó al Vaticano al maniobrar para asegurar el control total de la construcción, y sólo lo cedió cuando la Santa Sede le pagó 15 millones de euros.
Para los fiscales del Vaticano, eso fue equivalente a una extorsión. Para la defensa —y un juez británico que rechazó las solicitudes de la Santa Sede para que incautara los activos de Torzi— fue una salida negociada de un contrato legalmente vinculante.
Los dos exdirectivos de la Junta de vigilancia financiera del Vaticano, Rene Bruelhart y Tommaso Di Ruzza, están acusados de abuso de autoridad por no haber bloqueado el pago a Torzi, y por no haberlo reportado a los fiscales de la Santa Sede.
Sin embargo, sus abogados citaron el hecho de que Francisco mismo les había pedido que ayudaran a la Secretaría de Estado a quitarle a Torzi el control de la propiedad luego de que el Vaticano se percató de que en realidad no era propietario de la construcción.
Citaron un testimonio escrito del sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Edgar Peña Parra, quien dijo que abogados del Vaticano en el Reino Unido y Luxemburgo habían recomendado no demandar a Torzi, ya que los argumentos con que contaban eran muy débiles: la Santa Sede había firmado contratos en los que claramente se le daba a él el control de la construcción.
Peña Parra dijo que, con base en esa recomendación, el Vaticano eligió negociar un pago a Torzi porque se consideró que esa opción era la mejor en términos de costo, riesgo y desenlace.
“También parecía estar totalmente alineada con la voluntad del superior”, señaló, refiriéndose a Francisco.
Filippo Dinacci, abogado de Bruelhart, dijo que, una vez que el papa decidió tomar esa línea de acción, la maquinaria del Vaticano estaba obligada a llevarla a cabo, y que era “paradójico” que esos funcionarios estén siendo juzgados ahora por abuso de autoridad.
En sus argumentos finales, citó el “principio de colaboración mutua” consagrado en el acta constitutiva de la Santa Sede, el cual marca que todas las instituciones vaticanas están llamadas a trabajar con “unidad de intención” por el bien de la Iglesia, encabezada por el pontífice como autoridad suprema.
Roberto Borgogno, abogado de Di Ruzza, coincidió, diciendo que no hay fundamentos para culpar a Di Ruzza ni a Bruelhart por no reportar la transacción a los fiscales del Vaticano, ya que el acuerdo fue autorizado por el papa y ellos de todas formas cumplieron con sus obligaciones al lanzar su propia investigación para recabar inteligencia financiera.
Impugnando otra narrativa de la argumentación de los fiscales, el equipo de Di Ruzza también hizo notar que el banco del Vaticano —elogiado por los fiscales y el papa por haber desencadenado la investigación al hacer notar que el acuerdo de Londres era sospechoso— de hecho le generó costos a la Secretaría de Estado por unos 17 millones de euros en pagos hipotecarios extraordinarios. El banco había dado largas y a la larga rechazó una solicitud de préstamo para poner fin a la onerosa hipoteca sobre la construcción; un préstamo que posteriormente fue obtenido de otra dependencia de la Santa Sede.
El Vaticano es la única monarquía absoluta que queda en Europa, y en ella Francisco ejerce poder supremo a nivel legislativo, ejecutivo y judicial. Aunque delega ese poder en las labores diarias, sigue siendo el papa y lo que él dice es lo que se hace.
Francisco había respaldado el juicio firmemente, presentándolo como evidencia de que sus reformas financieras estaban funcionando. Luego de dos años de audiencias, en julio los fiscales le pidieron al tribunal que declarara culpables a los 10 demandados, los sentenciara a pasar de 3 a 13 años en prisión y les confiscara 415 millones de euros con el fin de recuperar algunas de las pérdidas que sufrió el Vaticano.
Pero luego de dos años, el juicio también se ha convertido en una especie de búmerang para la reputación de la Santa Sede, con revelaciones indecorosas sobre venganzas internas en el Vaticano, historias de espías e incluso pagos de rescate a militantes islámicos desarrollándose en la corte, y la subsecuente cobertura mediática.
La defensa también ha planteado preguntas fundamentales acerca del estado de derecho en la ciudad-Estado, ya que Francisco cambió la ley sigilosamente durante la investigación para beneficiar a los fiscales, y luego la volvió a modificar para permitir que un cardenal fuese juzgado.
El padre Filippo Di Giacomo, abogado de derecho canónico y comentarista frecuente del Vaticano para la televisora estatal RAI italiana, dijo que de hecho el juicio ha expuesto al Vaticano a daños a su reputación dadas las numerosas “anomalías” que salieron a la luz.
Citó las intervenciones de Francisco en la investigación, la frecuente confusión en el tribunal en torno a cuáles eran los códigos penales que prevalecían (el italiano, el del Vaticano, el canónico o alguno dispuesto específicamente para el caso), y el papel de dos mujeres misteriosas que convencieron al principal sospechoso, convertido en testigo estelar, para que le diera la espalda a su jefe.
“Más que lo que algunos insisten en llamar el juicio ‘del siglo’, se parece más a un espectáculo del siglo XIX, con intérpretes mediocres”, le dijo recientemente a una revista en línea.
