WASHINGTON.— El Tesoro enfrenta presiones crecientes para que use su poder de sanciones contra personas, instituciones financieras y empresas que han participado en la explosión de consumo y distribución de fentanilo en Estados Unidos.
México y China son los principales países de origen de fentanilo y sustancias afines enviados directamente a Estados Unidos, según la administración antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Casi todos los precursores químicos necesarios para fabricar el fentanilo llegan de China.
‘Enfrentamos cárteles de drogas que buscan obtener ganancias económicas tremendas’, dijo Paul DelPonte, director ejecutivo de la ONG Consejo Nacional de Prevención del Delito, que impulsa sanciones más duras contra los responsables del azote de sobredosis y muertes. ‘Hay mucha gente implicada en este crimen’.
El fentanilo es la droga más mortífera en Estados Unidos hoy. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades calculan que 71.000 personas murieron de sobredosis con opioides sintéticos como el fentanilo en 2021, comparado con casi 58.000 en 2020.
Las tensiones crecientes entre Estados Unidos y China en diversos frentes dificultan los esfuerzos para detener la importación del fentanilo ilegal, según un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso. China suspendió oficialmente su cooperación policial y contra los narcóticos con Estados Unidos en agosto.
El Tesoro no ha estado cruzado de brazos. En años recientes ha impuesto sanciones a productores y traficantes de fentanilo, y este mes sancionó a un grupo de distribuidores mexicanos y chinos de fentanilo. Pero ante la explosión de muertes por sobredosis en los últimos años, se reclaman mayores medidas e incluso una declaración de emergencia nacional similar a la del inicio de la pandemia de coronavirus.
Con ello se podrían aprobar sanciones más duras, dijo DelPonte.
‘Por ejemplo, autorizaría a los CDC a colaborar con la gente del Tesoro para salvar a jóvenes inocentes’.
Legisladores de ambos partidos esperan conseguir esa declaración, ahora que está a punto de presentarse un proyecto auspiciado por los líderes de las comisiones de Bancos y de las Fuerzas Armadas del Senado. El proyecto obligaría al gobierno del presidente Joe Biden a dar prioridad a la lucha contra el tráfico de fentanilo y sería un acicate para que el Tesoro use su poder de sanción para frenar la proliferación de la droga en el país.
Al declarar el tráfico de fentanilo una emergencia nacional, la ley obligaría al Tesoro a sancionar a los carteles y permitiría al presidente confiscar las propiedades sancionadas de traficantes de fentanilo para usarlas con fines policiales.
