CIUDAD DE MÉXICO.— El fiscal general de Morelos, un estado al sur de la capital mexicana, fue detenido el viernes por la fiscalía capitalina, la Marina y la policía de su propia región por delitos relacionados con la obstrucción a la justicia en un caso de feminicidio de gran impacto público que tuvo lugar en Ciudad de México a finales de 2022.
Según informó Ulises Lara, vocero de la fiscalía de la capital del país, Uriel Carmona “entorpeció de manera indebida la procuración de justicia” en el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López, de 27 años, cuyo cuerpo fue localizado el 31 de octubre de 2022 en una carretera de Morelos. Las autoridades averiguaron luego que había sido asesinada en Ciudad de México y que su cuerpo fue trasladado a ese lugar.
El caso de López desencadenó una polémica luego de que la fiscalía de Morelos atribuyera su muerte a una intoxicación alcohólica y broncoaspiración, pero días después la dependencia fiscal de la Ciudad de México contradijera ese dictamen e informara que el deceso se debió a lesiones por golpes.
Ulises Lara dijo el viernes que el fiscal “desvió la investigación de los hechos y sus expresiones se insertan en un panorama de discriminación y violencia de género estructural” que contribuyeron a que “que se produjera y reprodujera la impunidad así como la falta de acceso a la justicia”.
La entonces alcaldesa de Ciudad de México Claudia Sheinbaum llegó a afirmar en noviembre que Carmona estaba obstaculizando el caso “por presuntos nexos con el feminicida”, un hombre que se acababa de entregar a las autoridades y que, según dijo en su momento a la prensa, fue para demostrar su inocencia.
La revictimización, el retraso y las irregularidades en las investigaciones así como las dificultades para acceder a la justicia es algo habitual en México, sobre todo en casos de feminicidios, pese a las denuncias y protestas de muchos colectivos que llevan años exigiendo que cuando aparece una mujer muerta siempre se analice el caso con perspectiva de género.
Lo que no es habitual es que se detenga a un fiscal general de un estado por estos motivos y, menos aún, que lo haga un departamento equivalente de otra región, como ha sucedido en este caso.
Según explicó Lara, el fiscal hizo declaraciones “en forma falsa y maliciosa que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado en los actos de investigación” de su propia institución. Entre ellas, que no se encontraron huellas de violencia en la víctima, que no hubo causa externa de muerte y que la joven había fallecido por el exceso de alcohol.
La fiscalía capitalina detectó, además, que los policías que acudieron cuando se localizó el cuerpo no quisieron firmar sus informes porque habían sido modificados.
Los familiares de la víctima presentaron quejas ante la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la fiscalía capitalina, que es la que lleva el caso.
El gobierno federal criticó en un comunicado de julio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicara en uno de sus pronunciamientos recientes que el fiscal de Morelos tenía fuero y, por lo tanto, no podría ser procesado por delitos federales mientras estuviera en el cargo.
Sin embargo, según el ejecutivo, sí puede ser enjuiciado por un delito del fuero común como podría ser el vinculado al homicidio de la joven Ariadna Fernanda López.
