MASSACHUSETTS.- Se intercambiaron anillos de boda, y las fotos de una novia sonriente y un novio bien vestido hacían parecer que se trataba de matrimonios legítimos.
Pero las autoridades federales de Estados Unidos argumentaron el miércoles que las ceremonias formaban parte de una elaborada red de fraude matrimonial que duró toda una década e hizo ganar millones de dólares a media docena de personas en Massachusetts. Los fiscales acusaron a seis personas, incluida la presunta cabecilla Jennifer Gonzalez, de realizar hasta 20 matrimonios para ayudar a inmigrantes a obtener estatus legal.
Según las acusaciones, las otras cinco personas recibieron pagos de Gonzalez para participar en los matrimonios; varias de ellas tomaron parte en múltiples enlaces. Cada matrimonio le costaba a un inmigrante entre 38.000 y 40.000 dólares. Todos los acusados enfrentan cargos que incluyen albergar a extranjeros en situación irregular, asociación delictuosa para albergar a extranjeros en situación irregular, asociación delictuosa para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial.
“La presunta conducta revelada aquí hoy debe ser una afrenta para quienes cumplen las reglas”, declaró a los periodistas la fiscal federal Leah Foley. “Ver un negocio con fines de lucro cuyo único propósito es ayudar a la gente a hacer trampa y saltarse la fila simplemente pagando por ello debe resultar muy ofensivo y desalentador para quienes cumplen las leyes de nuestro país”.
Cinco de las seis personas fueron arrestadas el miércoles por la mañana. Un sexto acusado se encuentra actualmente en una prisión estatal cumpliendo una condena por un delito relacionado con armas de fuego.
“La señora Gonzalez se enriqueció vendiendo el sueño americano mientras invertía su dinero en otro país”, manifestó Foley, al detallar cómo Gonzalez presuntamente utilizó las ganancias de la red de matrimonios para comprar negocios y bienes raíces en República Dominicana. Ella es ciudadana estadounidense.
Un abogado de Gonzalez, que tiene 43 años y es originaria de Fall River, Massachusetts, no hizo comentarios. Gonzalez compareció por primera vez el miércoles, y se celebrará una audiencia el viernes para determinar si permanecerá detenida mientras el caso esté pendiente.
Los arrestos son el más reciente esfuerzo por combatir el fraude matrimonial y se producen mientras el gobierno del presidente Donald Trump incrementa las restricciones a la inmigración legal e ilegal, y reduce las vías disponibles para que las personas ingresen al país o se naturalicen.
En agosto, 11 personas fueron acusadas de participar en un plan multimillonario para ayudar a cientos de ciudadanos chinos a obtener de manera fraudulenta tarjetas de residencia permanente mediante matrimonios simulados con ciudadanos de Estados Unidos. En ese plan, se les pagaba hasta 30.000 dólares a ciudadanos estadounidenses para que contrajeran matrimonios falsos con inmigrantes que buscaban estatus de residente permanente legal. La estafa, que duró una década, generó decenas de millones de dólares.
Hace tres años, un plan similar fue procesado en Massachusetts. Marcialito Biol Benitez, un ciudadano filipino de 49 años que vivía en Los Ángeles, se declaró culpable de asociación delictuosa para cometer fraude matrimonial y fraude de documentos de inmigración. Benitez admitió operar una agencia de fraude matrimonial a gran escala en la que organizaba matrimonios entre ciudadanos extranjeros y estadounidenses.
En el caso más reciente, los fiscales señalaron que la investigación seguía en curso. Afirman en los documentos judiciales que algunos de los acusados mintieron en solicitudes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, al afirmar falsamente que nunca habían estado casados. También se acusa a Gonzalez de gastar 120.000 dólares que recibió en beneficios de SNAP. Los fiscales además acusaron a los imputados de incurrir en fraude de vivienda y de desempleo.
Ninguno de los inmigrantes que contrajo matrimonio en esos fraudes ha sido acusado.
“El fraude matrimonial socava los procesos que garantizan que personas honestas y respetuosas de la ley puedan casarse con ciudadanos de Estados Unidos y disfrutar de todo lo que Estados Unidos tiene para ofrecerles”, declaró a los periodistas John Soares, agente especial adjunto a cargo, perteneciente a Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva Inglaterra. “Los estafadores, como las personas arrestadas hoy, hacen que ese proceso sea más difícil”.
