TALLAHASSEE, Florida.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, convocó el lunes a los legisladores estatales a un periodo extraordinario de sesiones para ayudar a cumplir las promesas del presidente electo Donald Trump en materia de inmigración. Pero enfrenta resistencia por parte de los líderes republicanos del Congreso estatal, quienes han prometido su apoyo al presidente entrante pero han dicho que un periodo extraordinario sería “prematuro” e “irresponsable”.
Trump está preparando más de 100 órdenes ejecutivas para emitirlas desde su primer día en la Casa Blanca, en una campaña relámpago sobre seguridad fronteriza, deportaciones y otras prioridades políticas.
Si bien Trump y sus asesores han prometido llevar a cabo deportaciones a gran escala, aún quedan muchas preguntas sobre cómo se repatriaría a casi 11 millones de personas que se calcula que están en el país sin autorización legal.
DeSantis anunció el lunes que programaría el periodo extraordinario para la semana del 27 de enero, una semana después de que Trump asuma la presidencia, para que los legisladores estatales estén preparados para ayudar a implementar de inmediato las políticas del nuevo mandatario.
“Los funcionarios estatales y locales de Florida deben ayudar al gobierno de Trump a aplicar las leyes de inmigración de nuestra nación”, manifestó DeSantis. “Para hacer eso de forma efectiva, vamos a necesitar medidas para imponer deberes adicionales a los funcionarios locales y proporcionarles fondos”.
El republicano dijo que está dispuesto a suspender a funcionarios que “se nieguen a realizar sus labores” de conformidad con los nuevos requerimientos en materia de inmigración. DeSantis ha destituido a varios funcionarios con el argumento de que no estaban procesando ciertos crímenes, entre ellos dos fiscales estatales,.
DeSantis añadió que prevé asignar decenas de millones de dólares en nuevos fondos para ayudar a los funcionarios estatales y locales a expandir sus labores policiales, y dijo que consideraría activar la Guardia Nacional de Florida y la Guardia Estatal de Florida para llevar a cabo tareas policiales dentro del estado.
“También es necesario tomar medidas para llevar ante la justicia a quienes violen nuestras políticas antisantuario”, subrayó. “Florida necesita asegurarse de que no queden incentivos para que las personas entren en nuestro estado ilegalmente”.
En una declaración conjunta publicada el lunes por la tarde, el presidente del Senado, Ben Albritton, y el presidente de la Cámara de Representantes, Danny Perez, dijeron que sin ninguna orientación específica del gobierno federal entrante y sólo “fragmentos de ideas” del gobernador, es demasiado pronto para que los legisladores celebren un periodo extraordinario de sesiones.
“Es completamente irresponsable adelantarse a cualquier anuncio que el presidente Trump haga, especialmente cuando una acción estatal desinformada o mal programada podría potencialmente perjudicar o impedir el éxito de los futuros intentos del presidente Trump de poner fin a la inmigración ilegal”, dijeron los líderes republicanos.
Aunque el gobernador puede convocar a un periodo extraordinario, Albritton y Perez dijeron que “la Legislatura, no el gobernador, decidirá cuándo y qué legislación consideramos”.
Sus palabras son una notable muestra de independencia del liderazgo republicano en el estado, donde los legisladores en años anteriores trabajaron en conjunto para ayudar a impulsar la agenda de DeSantis mientras se postulaba para la nominación presidencial republicana.
La líder demócrata de la Cámara de Representantes de Florida, Fentrice Driskell, le dijo a la AP que no ve una razón para celebrar un periodo extraordinario en lugar de abordar los problemas durante el periodo legislativo ordinario, que comienza el 4 de marzo.
“Durante el periodo extraordinario, el público y las partes interesadas tienen una capacidad limitada de opinión, y este es realmente un problema grande”, señaló Driskell.
En otros estados, algunos gobernadores demócratas están montando un movimiento de resistencia contra el gobierno entrante de Trump, buscando formas de proteger a sus estados de posibles políticas federales que restrinjan los derechos al aborto y los derechos transgénero, entre otras cosas. Pero otros han adoptado un enfoque más conciliatorio para tratar de forjar una relación de trabajo con la nueva administración.
