Ciudad Victoria, Tam.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas presentó este día, una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado contra quien o quienes resulten responsables por el saqueo provocado a esta oficina, tanto de mobiliario como por la destrucción de todos los archivos y la información propios de la UIFE.
Raúl Hernández Chavarría, se presentó en la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Irving Barrios Mojica, a presentar una denuncia de hechos con apariencia de delitos, contra quien o quienes resulten responsables, para que sea la FGJ la que determine la existencia de estos y en su caso, la responsabilidad de quienes hayan participado en los mismos.
El titular de la UIFE explicó que a partir del 16 de enero de 2023, fecha que en que se recibió administrativamente la Unidad de Inteligencia Financiera por parte del titular saliente, se procedió a la revisión de las condiciones en que se entregó la Unidad, percatándose que esta se encontraba prácticamente en términos de inoperancia.
“La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica fue saqueada, ya que días antes de la entrega, fueron sustraídos de la Unidad más de 50 bienes muebles, entre mobiliario de oficina, equipos de cómputo, electrónicos y demás”, expuso el denunciante.
Agregó que de los equipos de cómputo fueron eliminados o borrados, todos los archivos y la información contenida en los mismos, dejando al personal operativo imposibilitado para seguir con sus actividades cotidianas.
Asimismo, en forma concertada y masiva, el 30 de enero de 2023, el personal conformado por los directores, subdirectores y jefes de departamento renunciaron y sin esperar a que se les aceptaran las renuncias, se ausentaron de sus puestos de trabajo; en total fueron ocho personas las que renunciaron el mismo día, indicó.
Hernández Chavarría agregó que los hechos tuvieron lugar cuando la Unidad se encontraba adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por lo que quienes estaban al frente de estas dependencias deberán aclarar dichas circunstancias.
“Nosotros haremos lo que nos corresponde; aportar a la fiscalía todos los elementos y datos de prueba que tengamos en nuestro poder. Esta acción es acorde a lo que mandata el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que obliga a los servidores públicos a denunciar aquellos hechos que conozca en el ejercicio de su funciones y revistan apariencia de delito”, mencionó.
