CIUDAD DE MÉXICO.- La Alianza Federalista rechazó defender la corrupción al tratar de impedir la eliminación de los fideicomisos, como acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y refrendó que dicha medida representa una apropiación de recursos que provocará un daño irreversible.
En un pronunciamiento, también cuestionó la calidad moral con que el Gobierno federal habla de combate a la corrupción, cuando sus acciones en la materia se han reducido a escarnio público y manejo mediático-electoral.
“El Presidente de la República nuevamente se refirió en forma insidiosa a quienes se oponen a la extinción de 109 fideicomisos. Sorprenden dos cosas de esta afirmación: primero, todos estos fideicomisos son auditables desde 2015 y cuentan con reglas y controles rigurosos”, puntualizaron.
“Segundo, ¿desde cuál calidad moral el Gobierno de la República puede hablar en serio del combate a la corrupción cuando éste sólo se reduce al escarnio público y su manejo mediático con propósitos electorales?”.
Luego de que la Alianza Federalista anunció el lunes una controversia constitucional y amparos en contra de la eliminación de los fideicomisos, López Obrador recalcó en su conferencia de esta mañana que defender esos instrumentos es justificar la corrupción.
“Los que están defendiendo los fideicomisos están defendiendo a la corrupción, así de claro, porque estos fideicomisos no tenían ningún control, inclusive la Auditoría Superior de la Federación lo ha expresado, de que no había transparencia”, afirmó el Mandatario.
En respuesta, los Gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas ratificaron su oposición “categórica” a que el Gobierno se apropie de la totalidad del patrimonio de 109 fideicomisos.
“Categóricamente niega defender la corrupción que pudiera presentarse en cualquier fideicomiso y que, de haberla, debe ser acreditada bajo el debido proceso de ley”, señaló el bloque opositor.
La Alianza subrayó que la mayoría de los fideicomisos “bajo asechanza” son responsabilidad y rectoría de la Federación, por lo que, de existir conductas punibles, la acción legal no le es optativa, sino obligatoria.
“(Se combatirán) las reformas que pretenden extinguir legislativamente 109 fideicomisos y, de ser aprobadas por el Senado, lo hará por vía de la controversia constitucional”, ratificó.
Aunque el Presidente asegure que el Gobierno no va a “confiscar” los recursos, sino que los va “recoger”, advirtió la Alianza, en los hechos el efecto es el mismo: la privación de bienes y derechos a los beneficiarios, y la apropiación de estos por parte del Estado.
“Llámese como se llame, recoger o confiscar, el Estado se apropia de la totalidad del patrimonio de 109 personas jurídicas cuando nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sin juicio con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme leyes expedidas con anterioridad al hecho”, abundó.
“El Presidente reconoce que se busca ‘recoger’ el dinero de los fideicomisos antes de su extinción, la cual queda sujeta a que las secretarías de Hacienda y de la Función Pública dicten las reglas a aplicarse en un futuro indefinido, cuando la propia ley de la materia prevé, y la lógica aconseja, que la disposición de los bienes o derechos del fideicomiso sea consecuencia de su extinción, no previa”.
Los Mandatarios estatales hicieron un atento, “pero puntual” llamado al Senado de la República, extensivo a los usuarios afectados, a impedir la aprobación de la reforma para evitar que la extinción legislativa de los fideicomisos se convierta en un daño irreversible.
“¿Qué consecuencias y responsabilidades derivarán cuando finalmente se extingan en los hechos y conforme a derecho los fideicomisos, y sus bienes y derechos no existan más para ser transmitidos por haber sido recogidos por mandato de un cuestionable artículo transitorio?”, cuestionaron.
