CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de México falló el jueves que el gobierno federal no puede simplemente decretar que los trenes turísticos u otros proyectos de obras públicas son asuntos de “seguridad nacional”, debido a que eso viola el derecho del público a la información.
El fallo es el último de una serie de reveses para el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha tratado de ampliar los poderes discrecionales de la presidencia.
López Obrador ha tratado de expeditar su proyecto turístico del Tren Maya, eximiéndolo de los permisos normales y de la presentación de informes públicos con el argumento de que es vital para la seguridad nacional.
De momento no está claro si el fallo emitido el jueves sólo afecta el derecho del público a acceder a la información sobre el gasto, costos y otros datos de ese tipo de proyectos, o si también deroga el procedimiento acelerado de concesión de permisos. La corte tiene previsto discutir y votar el lunes el alcance y las implicaciones del fallo.
El mandatario ya está molesto con el máximo tribunal mexicano por desechar algunas de sus iniciativas de reforma electoral, y ha pedido un cambio para que la Suprema Corte federal sea un órgano electo. En la actualidad, las ternas de posibles ministros son sugeridas por el presidente, pero elegidas por el Senado.
En julio, el gobierno de López Obrador invocó poderes de seguridad nacional para hacer avanzar el proyecto de construcción de un tren turístico a lo largo de la costa mexicana del Caribe que amenaza extensas cavernas donde se han descubierto algunos de los restos humanos más antiguos de Norteamérica.
López Obrador se está apresurando para terminar el proyecto del Tren Maya en los últimos dos años de su mandato, en medio de objeciones por parte de defensores del medio ambiente, de buzos y de arqueólogos.
El gobierno había pausado el proyecto en 2022 luego de que activistas ganaron una orden judicial contra el trazado, porque abría una franja en la selva para las vías sin presentar previamente una declaración de impacto ambiental.
Pero el gobierno invocó poderes de seguridad nacional para reanudar la construcción. La medida también facilita que el gobierno retenga información de ese tipo de proyectos.
En noviembre de 2021, el gobierno de López Obrador emitió un amplio decreto en el que requirió a todas las dependencias federales dar su aprobación automática a cualquier proyecto de obra pública que el gobierno considere de interés nacional o que involucre la seguridad nacional.
