CIUDAD DE MÉXICO.- Décadas después de la llamada “guerra sucia” de México, el ejército ha obstruido una investigación gubernamental sobre las violaciones a los derechos humanos, según declaró el miércoles el funcionario que dirige la investigación.
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, dijo en una conferencia de prensa que los investigadores se retiraron el mes pasado tras descubrir que los funcionarios militares estaban ocultando, alterando y destruyendo documentos.
Encinas dijo que las acciones de algunos funcionarios violaron claramente un decreto presidencial que garantizaba a los investigadores tener acceso sin restricciones a los registros.
Cuando se le preguntó si hay funcionarios o exfuncionarios que pudieran ser procesados penalmente, o que estuvieran en la mira con fines de detención, Encinas respondió que “sería muy responsable señalar que los tenemos, estamos haciendo la investigación. En cuanto tuviéramos nosotros algún indicio claro y evidencias, por supuesto que se procedería”.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no respondió a un correo electrónico de The Associated Press en el que se le pedían comentarios.
La investigación se puso en marcha en octubre de 2021 en el marco de la instalación de la Comisión de la Verdad, integrada entre otras dependencias por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, para investigar las violaciones de los derechos humanos durante la “guerra sucia” contra las guerrillas izquierdistas, los disidentes y los movimientos sociales en las décadas de 1970 y 1980.
Durante esa época cientos de personas fueron detenidas ilegalmente, torturadas y desaparecidas por el ejército y las fuerzas de seguridad. Más de 2.300 víctimas directas e indirectas siguen vivas a la fecha, dijo la comisión investigadora el miércoles.
David Fernández Dávalos, miembro del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Comisión, dijo que la SEDENA “contribuye a perpetuar y a continuar este ciclo de impunidad, opacidad e injusticia” al desplazar, alterar o destruir documentos.
Fernández dijo a los periodistas que, en un principio, los militares retuvieron documentos que consideraban privados por motivos de seguridad nacional, privacidad personal o “preservación de las relaciones” con otros países.
Luego agregó que “archivos que conocíamos (que) ya estaban compuestos de una manera determinada, se nos entregaron con las hojas, archivos y notas arrancadas”. Funcionarios castrenses también movieron cajas de archivos para que los investigadores no pudieran encontrarlos y, en algunos casos, negaron rotundamente el acceso a los documentos, aseveró.
Definiendo el 2023 como “año de la escucha”, otros miembros de la investigación hablaron de éxito en sus visitas a puestos militares y en la realización de cientos de entrevistas con víctimas.
En junio, la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas descubrió los restos de siete personas que se cree que fueron asesinadas en 1971 en el estado sureño de Guerrero. Desde entonces se han empezado a analizar las corrientes marinas y las trayectorias de los vuelos para averiguar dónde podrían encontrarse hoy los cadáveres arrojados al Océano Pacífico por los “vuelos de la muerte” del ejército.
