NUEVA YORK.- La ciudad de Nueva York demandó a más de una docena de empresas de autobuses chárter por su papel en la operación del gobernador de Texas, Greg Abbott, de enviar a decenas de miles de migrantes a zonas urbanas.
La demanda alega que las 17 empresas de autobuses “implementaron a sabiendas” el plan de transporte de Abbott, infringiendo una ley neoyorquina que impone límites para trasladar a “personas necesitadas” a través de las fronteras estatales. La demanda exige más de 700 millones de dólares en daños para recuperar el costo de atender a cerca de 33.000 migrantes que han llegado a la ciudad a bordo de autobuses chárter desde abril de 2022.
Presentada ante un tribunal estatal el jueves, la demanda es el intento más reciente del alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, para hacer retroceder a los autobuses cargados de migrantes que son enviados desde Texas cada día. El republicano Abbott ha dicho que su objetivo es atraer la atención a la política fronteriza del presidente Joe Biden.
Después de que 14 autobuses llegaran a la ciudad el mes pasado, Adams anunció una orden ejecutiva que restringe el horario en que los autobuses pueden desembarcar a los pasajeros y requiere que se informe por adelantado sobre su llegada. En cuestión de días, muchas de las empresas empezaron a dejar a los migrantes en localidades aledañas a la ciudad de Nueva York, provocando la cólera de los funcionarios locales.
Algunas de las empresas de autobuses parecieron haber sido sorprendidas por la demanda más reciente. “Nosotros no hacemos políticas”, dijo David Jones, empleado de Buckeye Coach LLC, una de las empresas chárter mencionadas en la demanda. “Sólo somos una compañía de transporte”.
Según el gobierno de Adams, la reciente atención prestada a las empresas de autobuses se debe en parte a las protecciones jurídicas concedidas al estado de Texas en virtud de una doctrina conocida como inmunidad soberana. Abbott no respondió de momento a una consulta enviada por correo electrónico.
La demanda se basa en una disposición de la legislación neoyorquina que se aplica al traslado “de mala fe” de personas a través de las fronteras estatales. Según esta ley, cualquiera que “a sabiendas traiga o haga traer a este estado a una persona necesitada de otro estado con el fin de convertirla en una carga pública” está obligado a hacerse cargo de los gastos de esa persona o a sacarla del estado.
Murad Awawdeh, director ejecutivo de Immigration Coalition —un organismo que representa a más de 200 grupos activistas por los derechos de los migrantes y los refugiados—, consideró que la acción jurídica distrae de los problemas más grandes a los que se enfrenta la ciudad en su intento por atender a los migrantes recién llegados.
“Esta demanda es una forma más en la que el alcalde le echa la culpa a alguien más por su falta de manejo de la situación”, señaló Awawdeh. “Debe de dejar de depender de lo que haga el gobernador Abbott, dar un paso al frente y gobernar la ciudad de Nueva York”.
