WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump demandó el jueves a funcionarios electorales de California, pidiéndole a un juez que prohíba que, en las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo mes, el estado cuente las boletas enviadas por correo de personas que el gobierno federal ha identificado como “probables” no ciudadanos, hasta que se pueda confirmar su estatus migratorio.
La demanda llega luego de que el Departamento de Justicia señalara que las autoridades de California no cumplieron con un plazo de 48 horas para revisar una memoria USB protegida por contraseña, la cual contiene una lista de 20.000 nombres. El gobierno federal dice que esos son probables no ciudadanos a quienes se les enviaron boletas para participar en las elecciones del 3 de noviembre, aunque la secretaria de Gobierno estatal indicó que Washington no ha proporcionado pruebas que respalden esa afirmación. El estado envía boletas por correo a todos los votantes registrados.
Previamente en la semana, un alto funcionario del Departamento de Justicia envió una carta en la que advirtió sobre posibles acciones jurídicas si California no cumplía con lo solicitado.
El gobierno federal no especificó dónde se concentraban los 20.000 votantes, pero la lista fue enviada directamente el martes al registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan, según confirmó su oficina en un comunicado. Logan es uno de los demandados.
El condado tiene unos 6 millones de votantes, de los cuales aproximadamente la mitad están registrados como demócratas, según la oficina de la secretaria de Gobierno. Más de 23 millones de personas están registradas en todo el estado, y hay un puñado de contiendas legislativas competitivas en otros distritos de California que podrían determinar qué partido tiene el control de la Cámara de Representantes federal durante los dos últimos años del mandato del presidente Donald Trump.
Un experto dice que la demanda podría preparar el terreno para afirmaciones electorales falsas
La secretaria de Gobierno de California, Shirley Weber, dijo en una carta al Departamento de Justicia que el gobierno federal no ha proporcionado pruebas que respalden su acusación de que 20.000 nombres en el padrón electoral del estado corresponden a no ciudadanos. Hizo referencia a un caso en el que el gobierno federal alegó inicialmente que casi 16.000 posibles extranjeros figuraban en el padrón electoral de Nevada, pero el estado determinó que todos eran, de hecho, ciudadanos estadounidenses.
Señaló también que la votación ya está en marcha en el estado. Weber, de tendencia demócrata, indicó que el Departamento de Justicia “exige medidas sin precedentes que amenazan el derecho al voto de miles de californianos, basándose en información o metodología no verificable que ustedes aún no explican ni proporcionan”.
Las elecciones de California se llevan a cabo en “pleno cumplimiento” de la ley federal, agregó.
David Becker, un experto en derecho electoral que dirige el Center for Election Innovation and Research —un organismo no gubernamental enfocado en restablecer la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral—, considera que la demanda del Departamento de Justicia es “bastante frívola”.
“Si estuvieran buscando trabajar de buena fe para depurar el padrón electoral que creían que tenía problemas, habrían hecho esto hace meses de una manera muy diferente”, expresó Becker. “Sin embargo, sí genera interrogantes sobre si el único propósito de esto es preparar el terreno para efectuar afirmaciones falsas sobre los comicios”.
La lista de presuntos votantes ilegales fue entregada en una memoria USB
Logan señaló en un comunicado que su oficina recibió la memoria USB junto con una “nota manuscrita que proporcionaba una contraseña” para acceder a la lista de presuntos no ciudadanos en el padrón electoral. Indicó que no consideró que la memoria USB fuera un dispositivo seguro. La oficina de la secretaria de Gobierno señaló que la contraseña estaba escrita “en una nota adhesiva”.
Becker dijo que los protocolos de ciberseguridad de la mayoría de los funcionarios electorales no les permitirían cumplir con la solicitud del Departamento de Justicia tal como fue enviada.
“Las oficinas electorales no simplemente conectan memorias USB a su tecnología, por una muy buena razón”, observó.
En su demanda, el Departamento de Justicia dice que el gobierno federal procuró “trabajar de manera colaborativa” con California para identificar a no ciudadanos registrados para votar en el estado, y que “California no realizó ningún esfuerzo serio para hacerlo”.
“Por lo tanto, Estados Unidos solicita una medida electoral común cuando se pone en duda una boleta”, se indica en la demanda . “ Este tribunal debería ordenar a California que, por el momento, no tabule las boletas de voto por correo de probables no ciudadanos en la próxima elección federal hasta que se pueda determinar el estatus de ciudadanía del votante”, se indica en la demanda.
Weber, a la que también se menciona en la demanda, indicó que el acercamiento del gobierno federal no ha sido colaborativo.
Añadió que, durante el verano, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que California tenía 190.000 no ciudadanos en su padrón electoral, pero se negó a proporcionar la metodología o las fuentes de datos cuando la oficina se las solicitó.
En su carta del jueves, calificó las recientes exigencias como “una emergencia creada por el Departamento de Justicia”.
Cartas enviadas semanas antes de las elecciones
En la carta enviada por el subsecretario de Justicia interino, Trent McCotter, se daba al estado un plazo de 48 horas para investigar la lista de las 20.000 personas que alega que podrían no ser ciudadanos. En el caso de aquellas personas cuya ciudadanía no pueda verificarse de forma independiente, el estado deberá ordenar a los funcionarios electorales locales que separen sus boletas enviadas por correo hasta que se pueda determinar su estatus migratorio , y que no entreguen boletas a nadie que aún no las haya recibido.
El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró el jueves por la mañana en una conferencia de prensa no relacionada que los funcionarios estatales no llevarían a cabo las solicitudes del gobierno federal de retener boletas para los presuntos votantes no ciudadanos. Señaló que la cifra de no ciudadanos en el padrón electoral del estado que alega el gobierno se había reducido de los 190.000 señalados durante el verano por el Departamento de Seguridad Nacional a los 20.000 mencionados por el Departamento de Justicia.
“¿Qué pasó con esos 170.000? Simplemente se equivocaron con ellos”, expresó Bonta.
Dijo también que el gobierno de Trump viola una ley federal que prohíbe que los estados cambien los padrones electorales dentro de los 90 días previos a unos comicios.
“Están en un terreno sin precedentes, infundado y fuera de la ley”, agregó.
Este año, el gobierno de Trump ha convertido en una prioridad la búsqueda de votantes no ciudadanos, aunque el problema es excepcionalmente raro. El Departamento de Justicia ha acusado a unas 90 personas por diversos tipos de irregularidades electorales en lo que va del año, entre ellas 50 a las que se acusa de haber votado a pesar de que eran no ciudadanos. Durante las elecciones presidenciales de 2024 hubo más de 227 millones de votantes registrados en Estados Unidos.
Bill Essayli, el primer fiscal federal adjunto para el Distrito Central de California, defendió la decisión del Departamento de Justicia de llevar al estado a los tribunales.
“Esto no es político ni controversial” , escribió en la red social X. “No permitiremos que California diluya los votos de los ciudadanos estadounidenses” .
