WASHINGTON.- Un jueza federal emitió el martes una orden que impide a las autoridades federales realizar arrestos migratorios generalizados en la capital del país sin una orden judicial o causa probable de que la persona sea un riesgo inminente de fuga.
La jueza Beryl Howell, en Washington, concedió una orden preliminar que los grupos defensores de los derechos civiles y de los derechos de los inmigrantes solicitaron en una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés).
La agencia no respondió el martes a un correo electrónico enviado fuera de horario laboral en busca de comentarios.
Por lo general, los agentes que realizan arrestos civiles de inmigración deben contar con una orden administrativa. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pueden realizar arrestos sin una orden únicamente cuando existe causa probable para creer que la persona se encuentra en Estados Unidos sin autorización legal y es probable que escape antes de que se pueda obtener una orden, según el fallo de Howell.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) y otros abogados de la parte demandante argumentaron que los agentes federales patrullaban frecuentemente vecindarios con gran cantidad de inmigrantes latinos en la capital del país, donde instalaban puntos de control y luego detenían y arrestaban a personas indiscriminadamente.
Proporcionaron declaraciones juradas de personas que, según ellos, fueron arrestadas sin una orden judicial o una evaluación requerida del riesgo de fuga y mencionaron declaraciones públicas de funcionarios gubernamentales que, según ellos, mostraban que el gobierno no estaba utilizando el estándar de causa probable.
Los abogados del gobierno negaron que existiera una política que permitiera tales arrestos.
Howell, quien fue nominada al tribunal por el presidente Barack Obama, un demócrata, dijo que los demandantes habían “establecido una probabilidad sustancial de una política y práctica ilegal por parte de los demandados de realizar arrestos civiles de inmigración sin órdenes judiciales ni causa probable”.
“El fracaso sistémico de los demandados en la aplicación del estándar de causa probable, incluida la falta de consideración de riesgo de fuga, es una violación directa” de la ley de inmigración y las regulaciones de implementación del Departamento de Seguridad Nacional, dijo la jueza.
Además de bloquear la implementación de la política, ordenó que cualquier agente que realice un arresto civil de inmigración sin contar con una orden judicial en Washington documente “los hechos específicos y particulares que respaldaron la causa probable previa al arresto por parte del agente para creer que es probable que la persona escape antes de que se pueda obtener una orden”.
Howell también exigió al gobierno que presente esos documentos a los abogados de los demandantes.
El fallo es similar a otros dos que se han alcanzado demandas federales que también involucraron a la ACLU, una en Colorado y otra en California.
Otro juez había emitido una orden de restricción que prohibía a los agentes federales detener a personas basándose únicamente en su raza, idioma, trabajo o ubicación en el área de Los Ángeles después de determinar que llevaban a cabo detenciones indiscriminadas, pero la Corte Suprema levantó esa orden en septiembre.
