CIUDAD DE MÉXICO.- El asesino confeso del candidato presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio, que cumple una condena de 45 años de prisión desde 1994, seguirá en la cárcel dado que la Suprema Corte de Justicia revocó el miércoles la decisión de un tribunal de octubre de 2023 que invalidó su sentencia y le abría camino a la libertad.
Según explicó el alto tribunal en un comunicado, en la decisión judicial previa se omitió emplazar a las posibles víctimas indirectas de homicidio para escuchar sus argumentos y por eso la Corte anuló la decisión y ordenó reponer el procedimiento del juicio de amparo.
Mario Aburto se declaró autor material del homicidio de Colosio, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que recibió dos disparos el 23 de marzo de 1994 durante un mitin de campaña en la ciudad fronteriza de Tijuana, en el estado de Baja California.
El asesinato desencadenó una fuerte crisis política en México y siempre estuvo rodeado de polémica.
Aburto, que se encuentra actualmente en una prisión de máxima seguridad, confesó que actuó en solitario para asesinar a Colosio, pero tiempo después denunció que fue víctima de torturas reiteradas, en medio de versiones de que el homicidio pudo tener connotaciones políticas y ser alentado desde el poder.
En 1994, el presidente de México era Carlos Salinas de Gortari, también del PRI, un partido en el que había diferentes facciones y grupos.
A raíz de las quejas por tortura, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó a la fiscalía federal reabrir la investigación.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que actúa como defensa de Aburto, planteó el año pasado que el pronunciamiento del tribunal colegiado podría abrir el camino para que se dejara en libertad Aburto porque invalidaba la sentencia de 1994 alegando que el asesino debió ser juzgado por el delito de homicidio con base en el código penal del estado Baja California, que contempla una pena máxima de 30 años por ese delito —ya cumplidos—, y no de acuerdo al código penal federal.
Ahora el tribunal colegiado deberá ordenar las diligencias necesarias para emplazar a las víctimas indirectas a que expongan sus criterios y luego haya un nuevo pronunciamiento.
