WASHINGTON.- Los Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) no avalaban el cierre de fronteras en marzo pasado, pero el Vicepresidente Mike Pence ordenó que se cumpliera, ignorando a los científicos que decían que no había evidencia de que la medida frenaría el coronavirus, según dos ex funcionarios de salud.
Hasta el momento, la acción ha provocado la expulsión del país de casi 150 mil niños y adultos.
El principal médico de los CDC que supervisa este tipo de órdenes se había negado a cumplir con una directiva de la administración Trump que decía que no había una razón válida de salud pública para emitirla, según tres personas con conocimiento directo de la negativa del médico.
Entonces Pence intervino a principios de marzo. El Vicepresidente, que se había hecho cargo de la respuesta de la Administración Trump a la pandemia, llamó a Robert Redfield, director de los CDC, y le dijo que usara la autoridad legal especial de la agencia.
En la llamada telefónica también estaban el jefe de personal de Pence, Marc Short, y el Secretario interino de Seguridad Nacional DHS), Chad Wolf.
Redfield ordenó inmediatamente a su personal superior que acatar la medida, según un exfuncionario de los CDC que no estaba autorizado a discutir las deliberaciones internas y habló bajo condición de anonimato.
La orden de los CDC cubría las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá, pero ha afectado principalmente a los miles de solicitantes de asilo e inmigrantes que llegan a la frontera sur.
Los expertos en salud pública instaron a la Administración a centrarse en un orden nacional para el uso de mascarillas, hacer cumplir el distanciamiento social y aumentar el número de rastreadores de contactos para conocer la expansión del virus.
Pero Stephen Miller, uno de los principales asesores del Presidente Donald Trump, quien ha sido un firme opositor a la inmigración, presionó por la orden de expulsión de migrantes.
“Ese fue un especial de Stephen Miller. Él estaba en todo eso”, dijo Olivia Troye, una exasistente principal de Pence, quien coordinó el grupo de trabajo del coronavirus de la Casa Blanca.
Recientemente renunció en protesta, diciendo que la Administración había colocado la política por encima de la salud pública. “Hubo mucha presión sobre el DHS y los CDC para impulsar esto”.
El Artículo 42 de la Ley del Servicio de Salud Pública otorga a los funcionarios de salud federales poderes únicos durante una pandemia para tomar medidas extraordinarias para limitar la transmisión de una enfermedad infecciosa.
Uno de ellos es la capacidad de detener el flujo de inmigración desde países con un alto número de casos confirmados, una autoridad legal que normalmente no tienen los CDC.
Los expertos en salud pública afirman que el patrón de la Administración de descartar la toma de decisiones basada en la ciencia a favor de objetivos políticos ha puesto en peligro a muchos, incluido el propio Presidente Donald Trump, quien el viernes confirmó que él y la Primera Dama habían dado positivo por el coronavirus.
Desde que la orden entró en vigor el 20 de marzo, casi 150 mil personas, incluidos al menos 8 mil 800 niños no acompañados que normalmente gozan de protecciones legales especiales en virtud de un acuerdo judicial y la ley federal, han sido devueltas a sus países de origen sin el debido proceso.
Muchos han sido devueltos a condiciones peligrosas y violentas en El Salvador, Honduras y Guatemala.
