COLDSPRING, Texas, EE.UU.— El sheriff Greg Capers era la imagen clásica de un agente de la ley de Texas cuando anunció la captura de un multihomicida: sombrero blanco de vaquero en la cabeza, estrella dorada en el pecho, cruz blanca en el cinturón y una enorme pistola con su nombre a la cadera.
Durante cuatro días, Francisco Oropeza había evadido a cientos de agentes luego que presuntamente asesinó a cinco vecinos cuando se quejaron de que los disparos que realizaba a altas horas de la noche mantenían despierto al bebé de ellos.
De acuerdo con el jefe policial, sus agentes llegaron en 11 minutos, pero Oropeza ya había escapado. Cuando la búsqueda concluyó, Capers dirigió unas palabras a las familias de las víctimas.
“Ya pueden estar tranquilas”, dijo Capers en mayo frente a las cámaras de televisión. Después, el corpulento sheriff llevó personalmente al “cobarde” por una plaza local hasta la corte.
Sin embargo, tras una investigación de The Associated Press, la jefatura de policía reveló que los agentes tardaron casi cuatro veces más que lo dicho inicialmente por Capers para llegar al lugar del multihomicidio.
La AP también descubrió que la presentación de Capers ante a los reflectores nacionales ocultaba años de quejas de corrupción y disfuncionalidad antes desconocidas fuera de los bosques de pino del condado San Jacinto.
Capers no respondió directamente a las solicitudes de declaraciones al respecto.
Lo ocurrido bajo la dirección del jefe policial es indicio de los desafíos que la policía enfrenta en todas las zonas rurales de Estados Unidos, donde grupos reducidos de agentes deben patrullar vastas jurisdicciones. También revela la dificultad para hacer que rindan cuentas poderosos funcionarios policiales en zonas aisladas con escasa supervisión externa.
Exagentes dijeron que la oficina de Capers ha descuidado desde hace tiempo la labor policial básica por ir tras el decomiso de activos que eleven su presupuesto de 3,5 millones de dólares, pero que no siempre se concreta en los tribunales.
Los agentes nunca arrestaron a Oropeza el año pasado después que lo acusaran de violencia doméstica y tampoco verificaron con las autoridades federales su condición migratoria, aunque funcionarios de inmigración aseguran que se encontraba en el país sin autorización legal.
El departamento de Capers al parecer tampoco hizo mucho por investigar la denuncia de otra familia al 911 según la cual los disparos de otro hombre en un patio trasero por poco hieren a su hija chica.
El condado pagó 240.000 dólares en 2020 para solucionar la demanda de un denunciante que acusó a Capers de falta de ética. El año pasado, autoridades del condado contrataron una firma consultora policial para que examinara la jefatura de policía pero desecharon la recomendación que les hizo de que la unidad anticorrupción de los Rangers de Texas emprendiera una investigación.
El Instituto LION encontró pruebas de que Capers había fomentado una cultura “basada en el miedo” y supervisó la confiscación indebida de propiedad valuada en decenas de miles de dólares. El reporte del grupo, obtenido por la AP; también asegura que los agentes no dieron seguimiento a las denuncias de 4.000 delitos, incluidos abuso sexual y maltrato infantil.
“El jefe policial y su círculo íntimo hacen lo que quieren, independientemente de la ley, sin consecuencias”, aseveró Michael Voytko, que pasó casi cinco años como policía del condado San Jacinto antes de irse en 2020 para asumir otro trabajo policial. “Allí no hubo rendición de cuentas para ninguno de los agentes”.
Tras la masacre del 28 de abril en las afueras de Cleveland, a 74 kilómetros (46 millas) al noroeste de Houston, el segundo al mando después de Capers dijo que el sheriff “adivinó lo mejor que pudo” cuando mencionó inicialmente el tiempo que tomó a los agentes llegar al lugar de los hechos.
El jefe policial adjunto Tim Kean agregó que los bajos salarios han dejado a la jefatura sin agentes para patrullar el condado, donde viven 27.000 personas dispersas a lo largo de caminos de tierra a través de un espeso bosque.
