NUEVA YORK.- Fiscales estadounidenses revelaron el jueves nuevos cargos penales contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, acusándolo a él y a su esposa de encabezar un sistema de represión patrocinado por el Estado responsable de golpizas, asfixia y tratamiento con descargas eléctricas a decenas de víctimas, incluidos varios estadounidenses.
Los cargos de tortura aumentan la presión sobre el derrocado mandatario y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron sacados de su casa en Caracas por el ejército estadounidense en enero y traídos a Nueva York.
La acusación “alega una conducta que es verdaderamente impensable”, declaró el fiscal federal Jamie McDonald afuera del tribunal federal de Manhattan donde se lleva el caso. “Esto es el epítome de la corrupción”.
Maduro, según la denuncia, sugirió métodos de tortura, solicitó y recibió actualizaciones sobre el trato a víctimas específicas, vio un video de una confesión forzada y amenazó personalmente con matar al hijo de un preso “como una forma de tortura psicológica”. En ocasiones, incluso se reía después de enterarse del maltrato de los presos, alegan los fiscales.
Flores, ex procuradora general, ayudó a desarrollar el sistema represivo y ordenó la tortura de algunas personas específicas, sostiene la acusación formal.
Se envió un mensaje en busca de comentarios al abogado de Maduro. El abogado de Flores dijo que aún no había tenido tiempo de revisar las nuevas acusaciones.
La pareja se declaró inocente en la causa penal por narcotráfico iniciada hace años en su contra y en la de numerosos supuestos colaboradores, por acusaciones de conspirar para inundar a Estados Unidos con cocaína. Sus abogados han pedido que el caso sea desestimado con el argumento de que tienen inmunidad como presidente y primera dama de un país extranjero.
Maduro, quien se desempeñó como presidente de Venezuela desde 2013 hasta su captura en enero, ha estado bajo investigación durante años por la Corte Penal Internacional por acusaciones de crímenes de lesa humanidad, vinculadas a la represión de opositores. Siempre ha negado haber cometido delito alguno.
Los abogados de Flores instaron sin éxito a un juez el jueves a ponerla bajo arresto domiciliario debido a problemas médicos.
Supuestas víctimas de tortura incluyeron a ciudadanos estadounidenses
La acusación formal revisada abarca denuncias de tortura que se remontan al ascenso de Maduro al poder en 2013, cuando asumió como presidente de manos de su mentor Hugo Chávez, quien murió de cáncer ese año.
En ese momento, Maduro, un ex conductor de autobús que carecía de la trayectoria militar de su predecesor, tenía dificultades para ganarse apoyo de las fuerzas armadas —históricamente el árbitro de las disputas políticas en Venezuela— mientras la economía dependiente del petróleo comenzaba a salirse de control y los opositores del gobierno salían a las calles.
Temiendo una revuelta en los cuarteles, Maduro autorizó a la temida agencia de inteligencia militar DGCIM a usar tortura contra militares y opositores que él veía como una amenaza a su poder, alegan los fiscales.
Aunque la acusación formal no nombra a las presuntas víctimas, las descripciones de las muertes y el encarcelamiento coinciden con las de varios connotados opositores de Maduro. Entre ellos están Leopoldo López, quien pasó más de tres años en prisión por liderar protestas antigubernamentales y el ex ministro de Defensa Raúl Baduel, quien murió bajo custodia en 2021. También se describe la impactante muerte de Fernando Albán, un político opositor que murió al caer desde el décimo piso de un edificio de una agencia de inteligencia, hecho que un tribunal estadounidense determinó posteriormente que fue un “asesinato por encargo”.
También se describieron en la acusación formal tres estadounidenses víctimas de tortura.
Uno, que coincide con la descripción de Osman Khan, fue detenido al ingresar a Venezuela a principios de 2022 y sometido a descargas eléctricas y obligado a comer su propio vómito durante ocho meses de encarcelamiento, dice la acusación. Otro fue golpeado tan brutalmente que necesitó una larga estancia hospitalaria, y le metieron un arma en la boca. Un tercero fue esposado, según el expediente, encapuchado y golpeado durante dos días cada media hora, sufriendo una lesión ocular permanente.
Khan fue liberado en octubre de 2022 junto con el ex cabo del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos Matthew Heath y seis ejecutivos petroleros estadounidenses a cambio de dos sobrinos de Flores encarcelados en Estados Unidos por acusaciones relacionadas con narcóticos. Él y Heath luego demandaron en tribunales estadounidenses bajo una ley federal antiterrorista y en mayo obtuvieron una sentencia de 300 millones de dólares contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos por supervisar un patrón de tortura.
“Es increíble ver a un dictador en un tribunal”, dijo Heath el jueves al enterarse de los nuevos cargos. “El procesamiento de Maduro hará más para prevenir el secuestro de estadounidenses por regímenes rebeldes que 100 comunicados de prensa de las Naciones Unidas”.
Exjefe de espionaje venezolano es un cooperador clave
La tortura se considera un delito grave bajo el derecho internacional y puede ser procesada por cualquier tribunal competente independientemente de la nacionalidad de las víctimas, señaló Kenneth Roth, investigador sénior en la Universidad de Yale que durante décadas encabezó Human Rights Watch. Aun así, el procesamiento de funcionarios extranjeros en Estados Unidos es sumamente raro, y solo se ha intentado un puñado de veces, coomo contra el hijo del presidente liberiano Charles Taylor, rusos responsables de crímenes de guerra en Ucrania y un ex director de prisión en la Siria de Bashar Assad.
“El problema aquí no es la falta de jurisdicción, sino más bien la selectividad del procesamiento”, dijo Roth. “Es poco probable que Maduro haya torturado a alguien por su cuenta. Los ex funcionarios de Maduro que la administración Trump ahora ha adoptado como sus nuevos aliados probablemente sean tan cómplices de la tortura como él”.
Hasta ahora, el gobierno de Venezuela ha guardado silencio sobre las nuevas acusaciones contra Maduro, lo que refleja los desafíos que enfrenta la presidenta encargada Delcy Rodríguez mientras se esfuerza por apaciguar a las fuerzas de seguridad sin enajenar al presidente estadounidense Donald Trump, cuyo apoyo no puede perder.
Como vicepresidenta de Maduro, Rodríguez supervisó durante años elementos clave del aparato de seguridad de Venezuela, incluida la agencia de espionaje interno, responsable de detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos.
La acusación formal revisada parece basarse en parte en el testimonio de uno de los coacusados de Maduro, el general Hugo Carvajal. Conocido en toda Venezuela por su apodo El Pollo, Carvajal se desempeñó como jefe de espionaje de Chávez y jefe de la DGCIM durante más de una década.
Carvajal se declaró culpable el año pasado de cargos de narcotráfico en Nueva York después de ser extraditado desde España. Desde entonces, se ha estado reuniendo con fiscales que construyen el caso contra Maduro. En una carta abierta a Trump el año pasado, Carvajal, quien se distanció de Maduro hace años, dijo que quería “expiar” sus pecados “contando toda la verdad para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años” .
Rechazan petición de ex primera dama de libertad bajo fianza por tratamiento médico
Mientras tanto, la esposa de Maduro, Flores, estaba en el tribunal el jueves para una audiencia previamente programada sobre su solicitud de ser liberada para poder someterse a tratamiento médico. Sus abogados dijeron que la ex primera dama, de 69 años, ha perdido 11 kilogramos (25 libras) mientras está encarcelada en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, que podría haber sufrido un infarto menor en julio y que le han dicho que podría necesitar una cirugía cardíaca.
También dijeron que sufrió cicatrices permanentes cuando fue “arrojada contra una pared o una cómoda” durante su captura.
Los fiscales se opusieron a la solicitud de libertad bajo fianza, diciendo que existe riesgo “extremo” de que Flores se dé a la fuga y que ha sido trasladada para recibir tratamiento en un hospital local cuando se necesitó atención.
El juez federal Alvin Hellerstein denegó la solicitud de Flores, dándole la razón al argumento de los fiscales de que existe riesgo de fuga. Señaló, entre otras cosas, que ella se niega a someterse a un cateterismo en la cárcel para determinar la causa de sus problemas cardíacos y los pasos apropiados para el tratamiento.
También rechazó la idea de que su presión arterial fuera potencialmente mortal, señalando que ella ya está tomando medicamentos para eso.
Afuera del tribunal, más de una docena de manifestantes corearon consignas y sostuvieron carteles en apoyo a su solicitud.
