SAN DIEGO. — Un acuerdo judicial presentado el lunes en una prolongada demanda sobre la separación de padres e hijos en la frontera por parte del gobierno del entonces presidente Donald Trump prohíbe a las autoridades migratorias realizar medidas similares durante ocho años y al mismo tiempo proporciona prestaciones como la posibilidad de que sus padres ingresen a Estados Unidos y trabajen, según el gobierno de Biden.
El acuerdo entre Washington y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representa a familias separadas de sus hijos, aún debe ser aprobado por el juez. Pero si se finaliza, hará mucho más difícil para cualquier gobierno —incluido al expresidente Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana— revivir una de sus tácticas más polémicas para detener la inmigración en la frontera sur si gana las elecciones del próximo año.
“Nuestra intención es hacer todo lo posible para asegurarnos de que la crueldad del pasado no se repita en el futuro. Establecimos procedimientos a través de este acuerdo de conciliación para avanzar en ese esfuerzo”, dijo a The Associated Press el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
El gobierno de Trump separó a miles de niños de sus padres o tutores con quienes viajaban al tiempo que intentaba procesar penalmente a personas por cruzar la frontera sin autorización legal. Los menores no pueden permanecer bajo custodia penal con sus padres. Fueron transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos y luego en su mayoría enviados a vivir con un patrocinador, a menudo un pariente u otra persona con una conexión familiar.
