CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá si es constitucional el candado de 10 años para que mandos superiores del Gobierno puedan contratarse en empresas privadas a las que supervisaron o con las que tuvieron relación.
La Ministra Norma Piña admitió hoy a trámite la acción de inconstitucionalidad 139/2019, que impugna diversos aspectos de la Ley Federal de Austeridad Republicana, entre ellos el artículo que establece el plazo de 10 años.
Asimismo, dio 15 días hábiles al Congreso y al Ejecutivo para que rindan informes y contesten la demanda, promovida por senadores de Oposición, quienes durante los debates legislativos criticaron duramente la limitación a la libertad de trabajo de los funcionarios públicos.
La Corte no tiene plazo para resolver y la admisión de la demanda no suspende la vigencia de la ley, que también contiene prohibiciones a la contratación de seguros médicos privados y otras restricciones al gasto.
Los juzgados federales de la Ciudad de México han recibido, desde diciembre, al menos 200 demandas de amparo promovidas a título personal por funcionarios de órganos autónomos y dependencias, algunos de los cuales han obtenido suspensiones para que el candado de 10 años no les aplique mientras se resuelven los juicios.
La acción ante la SCJN, sin embargo, es una manera más directa de resolver el tema, pues se trata de un juicio de una sola instancia, en el que una mayoría de ocho ministros puede invalidar la ley con efectos generales, a diferencia de los amparos, que tienen varias instancias y sólo benefician a los quejosos.
Por lo menos desde 1982, la Ley de Responsabilidades Administrativas había fijado a los funcionarios plazo de un año para evitar contratarse en puestos privados en los que pudieran aprovechar información a la que tuvieron acceso en el Gobierno. El nuevo candado multiplica el plazo por 10.
“Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones… que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”, dice la Ley de Austeridad.
Este candado sólo aplica para mandos superiores, es decir, directores generales, jefes de Unidad, subsecretarios y secretarios de Estado, además de puestos equivalentes, pero muchos de los amparos han sido promovidos por mandos medios, como directores de área o por ex funcionarios que temen les sea aplicado retroactivamente.
A estas alturas, casi todas las reformas legales importantes impulsadas por el actual Gobierno están a revisión en la Corte, pero a diferencia de los demás casos, la Ley de Austeridad no ha sido impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
