SAN FRANCISCO.- Un juez federal en California extendió el jueves el estatus de protección temporal para 60.000 personas de Centroamérica y Asia, incluyendo aquellas originarias de Nepal, Honduras y Nicaragua.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que las condiciones en sus países de origen ya no justificaban las protecciones.
Las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) para alrededor de 7.000 personas de Nepal estaban programadas a expirar el 5 de agosto. Las protecciones que permitían que 51.000 hondureños y casi 3.000 nicaragüenses residir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante más de 25 años vencían el 8 de septiembre. Noem afirmó que tanto Honduras como Nicaragua habían hecho “progresos significativos” en su recuperación tras el paso del huracán Mitch en 1998.
El TPS es una protección temporal que el titular de Seguridad Nacional puede otorgar a personas de varias nacionalidades que se encuentran en Estados Unidos, la cual les permite trabajar de forma legal e impide su deportación. El gobierno del presidente Donald Trump ha tomado agresivas medidas para eliminar el TPS, lo que haría que más personas sean elegibles para su deportación.
La eliminación del TPS es parte de un esfuerzo a mayor escala por parte del gobierno para deportar inmigrantes en grandes números, ya sea yendo tras personas que están sin autorización legal en el país o mediante el retiro de protecciones que les permiten vivir y trabajar en Estados Unidos de manera temporal.
Noem puede otorgar el TPS a personas de varias nacionalidades que ya se encuentran en Estados Unidos si las condiciones en su país de origen les impiden un regreso seguro, como un desastre natural o inestabilidad política.
La Casa Blanca ya ha cancelado el TPS para cerca de 350 mil venezolanos, 500 mil haitianos, más de 160 mil ucranianos y miles de personas procedentes de Afganistán, Nepal y Camerún. Algunos casos aún se dirimen en tribunales federales.
Abogados de la National TPS Alliance argumentan que las decisiones de Noem no están basadas en un análisis objetivo de las condiciones en los países de origen, sino que fueron predeterminadas por las promesas de campaña del presidente Donald Trump y motivadas por animosidad racial. Aseguran que por lo general los designados tienen un año para salir del país, pero en este caso recibieron mucho menos tiempo.
“Les dieron dos meses para salir del país. Es terrible”, declaró Ahilan Arulanantham, abogado de la parte demandante durante una audiencia el martes.
El gobierno argumenta que Noem tiene autoridad clara e irrefutable sobre el programa TPS y que sus decisiones de terminación reflejan los objetivos del gobierno en las áreas de inmigración y política exterior.
El abogado del Departamento de Justicia, William Weiland, señaló que no es pretexto tener una visión diferente de un programa que proporciona un refugio temporal.
“No está destinado a ser permanente”, subrayó.
