CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal y representantes de la Iniciativa Privada suscribieron hoy lunes un nuevo acuerdo contra la inflación y la carestía, con esto 24 productos de la canasta básica tendrían una reducción en su precio de 8%, pero el acuerdo carece de precisión y salta a la vista el hecho de pasar la responsabilidad de los órganos regulatorios (como la Senasica y la Cofepris) a la regulación privada, la verificación de la calidad de los productos, entre otras cosas que hacen incierta su efectividad.
“La Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) y la Cofepris están precisamente hechos para evitar riesgos sanitarios, garantizar sanidad, calidad. Eso es una responsabilidad del sector público.
No puedes garantizar que las empresas privadas, al cargar esta responsabilidad, vayan a poderlo hacer de la misma manera. Con la misma eficiencia”, argumenta Ana Bertha Gutiérrez, coordinadora de comercio exterior y mercado laboral (IMCO) en entrevista para EL UNIVERSAL.
Los puntos de acuerdo que se firmaron esta mañana se ven un tanto escuetos y para la especialista se incurre en un problema similar a cuando se emitió el PACIC (Paquete Contra la Inflación y la Carestía), en mayo pasado, en el que no había mayor detalle porque “además de generar riesgos para la población, también nos puede meter en problemas en términos de comercio internacional, porque hay siempre estándares y regulaciones a la hora de hacer importaciones y exportaciones y a nuestros socios comerciales, puede que no les parezca lo adecuado que eliminemos estas revisiones”.
