LA HABANA.- Muchos cubanos esperaban con angustia el domingo en un momento en que la electricidad en gran parte de la isla todavía debe restaurarse en su totalidad después de días de apagón.
Algunos vecindarios en la capital de Cuba, con unos 2 millones de habitantes, ya tenían electricidad, pero la mayoría de La Habana seguía en la oscuridad. El impacto del apagón va más allá de la iluminación, ya que servicios como el suministro de agua también dependen de la electricidad para que funcionen las bombas.
Las personas comenzaron a cocinar en las calles con estufas a leña improvisadas antes de que la comida se echara a perder en los refrigeradores.
Ylenis de la Caridad Nápoles dijo con lágrimas en los ojos que está llegando a un punto de “desesperación”.
La falla del viernes en la planta Antonio Guiteras, que fue provocada por el colapso del sistema en toda la isla, fue sólo la más reciente en una serie de problemas con la distribución energética en un país donde la electricidad ha estado restringida y es rotada a diferentes regiones en diferentes horas del día.
Las personas se formaron durante horas la mañana del domingo para comprar pan en las pocas panaderías que pudieron reabrir.
Algunos cubanos, como Rosa Rodríguez, llevan cuatro días sin electricidad.
“Son millones y millones de problemas que tenemos y ninguno se resuelve”, dijo Rodríguez.
El apagón se considera el peor de Cuba en dos años, después de que el huracán Ian tocara tierra como una tormenta Categoría 3 en 2022 y dañara las instalaciones energéticas. El gobierno se demoró días en repararlas. Este año, algunos hogares han pasado ocho horas al día sin electricidad.
No hay un estimado oficial de cuándo acabará el apagón. Incluso en un país que está acostumbrado a que los apagones sean parte de una crisis económica cada vez más profunda, el colapso del viernes fue masivo.
El gobierno cubano anunció medidas de emergencia para reducir la demanda de electricidad, entre ellas la suspensión de clases en escuelas y universidades, el cierre de algunos lugares de trabajo de propiedad estatal y la cancelación de servicios no esenciales.
