Ciudad de México.– A seis años de la desaparición forzada de los jóvenes Noe Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Organista Ballesteros, detenidos arbitrariamente el 18 de febrero del 2018 en la colonia Infonavit de Nuevo Laredo por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, sus familiares llegaron este domingo a la Ciudad de México para exigirle a la Fiscalía General de la República (FGR) que les entreguen sus restos para sepultarles dignamente.
En febrero pasado, peritos de la Fiscalía General de la República realizaron la exhumación de los restos humanos de ambos jóvenes para la realización de pruebas genéticas y antropológicas que confirmen su identidad plenamente, a petición de la Fiscalía Especial de Investigación en Delitos de Desaparición Forzada en donde se integra la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/000305/2018, a cargo de la agente del Ministerio Público de la Federación Cinthya Nayeli Banda Ferrer.
Los restos humanos de Jonathan y Noe Ignacio permanecieron en una fosa común del panteón Municipal II de Nuevo Laredo desde Mayo del 2018 cuando fueron sepultados en “calidad de desconocidos” (NN1 y NN2), luego de que un Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia del Estado de Tamaulipas ocultara a sus familiares su hallazgo y características, cuando fueron encontrados semi enterrados, un mes antes, en un predio particular ubicado en la carretera federal Nuevo Laredo-Colombia.
A los marinos que participaron en estas detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales no les importó que Jonathan fuera menor de edad, apenas tenía 17 años, mientras que Noe Ignacio Alférez Hernández contaba con 25 años.
Es importante mencionar que este operativo de la Secretaría de Marina implementado en Nuevo Laredo, Tamaulipas fue solicitado por el entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca al entonces Almirante Secretario Vidal Francisco Soberón Sanz aparentemente para combatir la alta incidencia delictiva en el estado, acordando iniciar operaciones en las fronteras de Matamoros y Nuevo Laredo.
Dicho operativo estuvo a cargo del Almirante Marco Antonio Ortega Siu, director de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES), quien hasta la fecha la FGR se ha negado a investigarlo, y de los comandantes Salvador Gerónimo Rodríguez y Alfredo Reyes Mondragón denominándolo “Operación Laguna”.
Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en julio del 2020 la Recomendación 36VG/2020 dirigida al secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y al entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero solamente reconociendo a 27 de las 47 víctimas de los marinos.
A cuatro años de distancia de la Recomendación 36VG/2020 ninguna de las familias de las 27 víctimas ha recibido la reparación integral del daño por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido omisa y negligente para localizar a más de 24 víctimas y otras 15 que fueron ejecutadas extrajudicialmente por los marinos sus casos siguen en la absoluta impunidad.
El pasado 24 de abril, mediante escrito formal dirigido a la Doctora Sara Irene Herrerias, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, familiares de las víctimas le solicitaron aceptar participar en una Reunión Interinstitucional con la participación de representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Comisión Nacional de Búsquedas (CNB), Secretaría de Gobernación (SG), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) y es fecha que la funcionara aún no responde con una fecha concreta.(Anexo)
