Poco después de acabar con la vida del beisbolista Paul Berrelleza y el guía de turistas Pedro Palma, las balas del crimen organizado derramaron sangre sobre el altar de una iglesia en la Sierra Tarahumara.
“No” al olvido y “sí” a la paz, reclaman diversas instituciones de fe desde los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en su templo de Cerocahui, al norte del país.
El gobierno mexicano ha mostrado poca empatía por el dolor de las víctimas del narcotráfico, pero entre éstas y sus familiares los reproches no ceden.
Para recordar los asesinatos de 2022, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Jesuitas de México y otras agrupaciones religiosas que crearon la Red Nacional de Paz iniciaron el jueves la tercera etapa del Diálogo Nacional por la Paz, una serie de encuentros entre funcionarios públicos y ciudadanos que busca asentar compromisos y soluciones para enfrentar la violencia.
“El asesinato de los padres Javier y Joaquín nos ha permitido resignificar el dolor que mora en los corazones de muchos rincones del país, construir un movimiento compartido que tiene la paz como horizonte y las víctimas de la violencia como punto de partida y estar dispuestos a no claudicar hasta volver habitable cada territorio”, dijo la CEM en un comunicado.
En los últimos dos años, sacerdotes, hermanas, laicos y otros miembros de las comunidades de fe entablaron charlas a lo largo y ancho de México y recogieron más de 60.000 testimonios que, según la CEM, reflejan un diagnóstico comunitario.
Con base en aquellos encuentros, la Red elaboró un documento que trazaba una hoja de ruta para encaminar al país hacia la paz y enumeraron una serie de compromisos que convocaron a firmar a los entonces candidatos presidenciales en marzo. Los opositores Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez celebraron la iniciativa, pero Claudia Sheinbaum, quien sucederá al presidente Andrés Manuel López Obrador tras haber ganado las elecciones del 2 de junio, debatió varios de los puntos y firmó con reticencia.
Tanto Sheinbaum como López Obrador han repetido que los homicidios dolosos disminuyeron durante la última administración y rechazan toda crítica de opositores, organizaciones de derechos humanos y activistas a la gestión presidencial.
La relación entre López Obrador y la iglesia católica se volvió tensa desde los asesinatos de Cerocahui. Ante las desapariciones y muertes, los religiosos pidieron al gobierno repensar su estrategia de seguridad, pero el presidente cuestionó su “hipocresía”, alegando que los sacerdotes no hicieron los mismos reclamos a sus predecesores.
“Después de la muerte de Javier, de Joaquín, de Pedro y Paul, tuve que empezar a hablar y el presidente de la República me dijo que era cínico, hipócrita, y que por qué nunca había hablado”, dijo en una entrevista reciente a la AP el sacerdote jesuita Javier Ávila, quien recibe de denuncias de derechos humanos en la ciudad norteña de Creel. “Pero no puedes ser indiferente cuando has tocado fondo, cuando te ha salpicado la sangre, cuando has compartido el llanto y la esperanza”.
En su comunicado del jueves, la CEM también anunció el inicio de los denominados Proyectos Locales de Paz, que articularán diversas acciones en escuelas, barrios, empresas y entornos familiares.
Los siete puntos que abarca su propuesta de Paz incluye reconstrucción de tejido social, seguridad, justicia, cárceles, juventudes, gobernanza y derechos humanos.
