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Transportistas pagan costoso reglamento

Desde febrero pasado, los alcaldes limitan la circulación de tráileres en el estado de Nuevo León

Los miembros de la CANACAR han recurrido al diálogo, aunque algunos empresarios transportistas optaron por el amparo para protegerse. [Reynaldo García/ Líder Informativo]
Silvia Álvarez/Líder Informativo

NUEVO LAREDO, TAM.- El reglamento Homologado de Tránsito es considerado como la peor amenaza que ha enfrentado el sector transportista en los últimos años, por lo que ha sido expuesto ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, el IMCO y la CAINTRA por las repercusiones económicas.

Al continuar la aplicación en 9 municipios de Nuevo León del reglamento al transporte de carga pesada que transita, Eduardo Lozano Guajardo, delegado en Nuevo Laredo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), dijo que el tema es conocido por importantes organismos dedicados a vigilar que se respeten las regulaciones y la competitividad, como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA).

“Existe el respaldo de la CAINTRA y de otros organismos que tienen conocimiento del tema porque los alcaldes no pueden regular el transporte ni tampoco sobreregularlo. Lo que queremos que comprendan los alcaldes es el gran daño que ocasionarán en la cadena de suministros, sería un desequilibrio para muchos sectores económicos”, planteó.

Desde febrero pasado, los alcaldes limitan la circulación de tráileres en el estado de Nuevo León porque aseguran que el tránsito pesado ha dañado la carpeta asfáltica de las vialidades en sus municipios, por lo que redactaron un reglamento que contempla costosas multas y permisos mensuales que deben pagar los empresarios transportistas.

Sin consultarlo desde el principio con los empresarios transportistas, los 9 alcaldes integrantes de la Asociación Metropolitana de Alcaldes obligan a las empresas transportistas a que sus camiones circulen en un horario limitado y en determinadas vialidades, así como cobrar permisos de 5 mil pesos por unidad, por cada municipio que transiten.

Desde que se enteraron de la decisión de los 9 alcaldes, los miembros de la CANACAR han recurrido al diálogo, aunque algunos empresarios transportistas optaron por el amparo para protegerse, pero Lozano Guajardo consideró que no todos soportarán el gasto millonario.

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