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Resisten en Texas construcción de muro

Dueños de propiedades locales, desde rancheros hasta una diócesis católica e instituciones, se han resistido a los esfuerzos federales para reclamar sus tierras

La construcción de una barrera permanente a lo largo de la frontera sur fue una promesa de firma de la campaña de 2016 del Presidente Donald Trump. [Agencias]
Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi tres años después de la administración Trump, casi no se ha construido un muro fronterizo en Texas, los dueños de propiedades locales, desde rancheros hasta una diócesis católica e instituciones, se han resistido a los esfuerzos federales para reclamar sus tierras, publicó el diario The Wall Street Journal.

La resistencia en el sur de Texas, donde la mayoría de la tierra es de propiedad privada, ilustra los desafíos en la construcción de un muro fronterizo, incluso si hay fondos disponibles, destacó la publicación.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha estado enviando cartas y celebrando reuniones durante dos meses pidiendo a unos 120 propietarios de tierras frente al río alrededor de Laredo que inspeccionen sus tierras, el primer paso para construir un muro en ellas.

Algunos alrededor de Laredo, donde muchos pueden ver el Río Grande y México desde sus porches, dijeron que sí de inmediato. Pero otros se resisten y crean un conflicto potencial con el gobierno que podría prolongarse durante años.

El diario dijo que las negativas han llevado al gobierno a demandar a 46 propietarios por el derecho de inspeccionar su propiedad en preparación para adquirir parte de ella, incluidos granjeros, ganaderos, empresas y varias instalaciones propiedad de una diócesis católica.

Algunos citan razones ideológicas para resistir un muro en su tierra. Otros dicen que dividirá sus propiedades en dos e interferirá con sus negocios o estilo de vida. La facilidad de acceso a la propiedad al otro lado de un muro dependería de dónde el gobierno construya las puertas de acceso.

La construcción de una barrera permanente a lo largo de la frontera sur fue una promesa de firma de la campaña de 2016 del Presidente Donald Trump. Él y sus partidarios creen que un muro ayudaría a reducir la inmigración ilegal, recordó el Journal.

En los tres años transcurridos desde entonces, el gobierno ha construido unos 128 kilómetros de muro fronterizo, según CBP, la mayoría de las cuales ha reemplazado las cercas existentes en California.

En el Valle del Río Grande, el gobierno tiene fondos para hasta 178 kilómetros de muro nuevo, pero aún no ha obtenido la tierra necesaria para la mayor parte o para completar la construcción del resto.

En Laredo, el desarrollador Richard Hachar dijo que permitió a los topógrafos del gobierno en su tierra porque cree que el muro ayudará con la seguridad de sus 300 lotes frente al río donde planea construir casas.

Pero David Acevedo, que administra un rancho frente al río de 73 hectáreas, dijo que le preocupa que una barrera dificulte el acceso al río Río Grande para el riego y, cuando las bombas fallan, para que su ganado beba.

En el Hogar para Niños del Sagrado Corazón de más de 100 años, las monjas a cargo se han negado a dar su consentimiento.

Otras instituciones católicas han dicho que un muro entra en conflicto con su fe, citando al Papa Francisco, quien en una entrevista televisiva en mayo criticó “esta nueva cultura de defender territorios mediante la construcción de muros”.

Los únicos segmentos nuevos de muro en Texas desde que Trump asumió el cargo están al sur de la ciudad de Donna en el Valle del Río Grande, donde tres pequeños trozos de unas pocas docenas de pies de largo se elevan sobre un dique. Se espera que el tramo del muro que comenzó allí sea de 13 kilómetros de largo y cueste 167 millones de dólares, según CBP.

Su cronograma de construcción dependerá de cuánto tiempo le tome a la agencia obtener los derechos de toda la propiedad necesaria.

CBP generalmente paga 100 dólares para inspeccionar la tierra. Si un propietario se niega, el gobierno debe demandar en un tribunal federal para acceder a la propiedad, destacó el diario.

La Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos permite que la propiedad privada sea “tomada para uso público”, siempre que se pague “una compensación justa”. Su poder se ha utilizado para ayudar a establecer parques, despejar terrenos para carreteras y ferrocarriles, y construir edificios públicos.

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